Bolivia se está acostumbrando peligrosamente a convivir con la muerte. Los tiroteos, los asesinatos por encargo y los ajustes de cuentas ya no sorprenden. Casi con la misma naturalidad se reciben las noticias de nuevos derrumbes, explosiones o intoxicaciones en las minas. Cambian los escenarios y los responsables inmediatos, pero el resultado es el mismo: vidas perdidas que el Estado tenía la obligación de proteger.
Ambos fenómenos han terminado reducidos a estadísticas. Se informa cuántos murieron, pero rara vez se profundiza en las responsabilidades que hicieron posibles esas muertes. Detrás de cada cifra hay decisiones, omisiones y autoridades que no cumplieron con su deber. Mientras la atención se concentra en contar víctimas, los responsables permanecen en las sombras.
Los homicidios perpetrados con armas de fuego constituyen el desafío más visible al Estado de Derecho. Son la demostración de que organizaciones criminales, narcotraficantes y sicarios actúan con una audacia incompatible con una sociedad que pretende vivir bajo el imperio de la ley. Cada asesinato revela una falla en la prevención, en la inteligencia policial o en la administración de justicia.
Las muertes en las minas, en cambio, rara vez se presentan como lo que realmente son: el resultado de un modelo de explotación que nunca terminó de reconciliarse con la ley ni con la seguridad industrial. No se mata con un revólver, pero se mata cuando se trabaja sin ventilación adecuada, sin sostenimiento suficiente, sin equipos de protección, sin controles efectivos y sin que nadie haga cumplir las normas. Llamarlas "accidentes" no elimina las responsabilidades que las preceden.
La diferencia entre un asesinato cometido por un sicario y una muerte provocada por un socavón inseguro está en la forma, no en el resultado. En ambos casos hubo un incumplimiento de la ley que terminó costando una vida humana. La impunidad no consiste únicamente en dejar libre a un asesino; también consiste en tolerar condiciones de trabajo que convierten la pérdida de vidas en una rutina aceptada.
Lo más grave es que Bolivia parece haber desarrollado una inquietante capacidad para normalizar ambas tragedias. Los asesinatos ocupan titulares durante unos días hasta que otro crimen los reemplaza. Los mineros fallecidos apenas alcanzan a engrosar una estadística que crece año tras año sin provocar reformas de fondo. Cuando una sociedad deja de escandalizarse por la repetición de la muerte, comienza a perder algo más que vidas: pierde sensibilidad y sentido de justicia.
No es casual que el crimen organizado encuentre espacio para expandirse en un país donde también se tolera que decenas de trabajadores ingresen diariamente a socavones que no cumplen condiciones mínimas de seguridad. En ambos casos existe un mismo mensaje: la ley puede ignorarse y las consecuencias serán escasas o nulas.
Un Estado que no puede impedir que se asesine en las calles ni garantizar que se trabaje sin jugarse la vida bajo tierra está incumpliendo su razón de ser. La primera obligación de toda autoridad es proteger la vida de sus ciudadanos. Cuando esa obligación fracasa de manera reiterada, ya no se trata de hechos aislados, sino del síntoma de una crisis mucho más profunda: la erosión del Estado de Derecho.
Bolivia no necesita acostumbrarse a contar muertos. Necesita recuperar la capacidad de hacer cumplir la ley. Porque una nación donde el crimen organizado dispara con impunidad y donde la negligencia sigue enterrando mineros no está frente a dos problemas distintos, sino ante un mismo fracaso. Ese fracaso ya no puede ocultarse detrás de estadísticas. Cada número representa una vida que pudo haberse salvado si la ley hubiera dejado de ser una declaración para convertirse en una realidad.
