Hay algo profundamente irónico en la última declaración de Evo Morales: el hombre que desde hace meses elude dos órdenes de aprehensión reclama ahora que el presidente Rodrigo Paz destituya al comandante de la Policía porque no ejecuta con suficiente decisión una de esas órdenes. Es decir, Morales está pidiendo al Gobierno que haga cumplir su propia aprehensión.
No es una broma. Morales dijo que, si él fuera Rodrigo Paz y su comandante se opusiera a una “decisión política del Gobierno” sobre Evo Morales, lo cambiaría inmediatamente.
La frase resulta extraordinaria por una razón adicional: convierte un asunto judicial en una decisión política. Morales no está hablando de cualquier operación policial. Está hablando de su propia captura, ordenada por autoridades competentes, y reclama que el jefe de la Policía sea removido porque, según su interpretación, no está cumpliendo la voluntad del Gobierno.
Aquí aparece el verdadero problema. Una orden de aprehensión no debería cumplirse porque el presidente la considere políticamente conveniente, ni dejar de cumplirse porque el comandante policial piense que no es una prioridad. Debe ejecutarse porque existe una orden emitida por la autoridad competente. Esa diferencia es la que separa a un Estado de derecho de un Estado sometido a la voluntad del gobernante.
El general Mirko Sokol puede haberse equivocado al declarar que la aprehensión de Morales no era una prioridad policial. El Gobierno tiene todo el derecho de pedirle explicaciones y, si corresponde, establecer responsabilidades. Pero otra cosa muy distinta es aceptar como principio que el comandante debe ser destituido simplemente porque no coincide con una decisión política del Ejecutivo.
Y aquí aparece una paradoja todavía mayor. Morales, que durante su larga permanencia en el poder fue acusado reiteradamente de concentrar decisiones y subordinar instituciones a la lógica política, está diciendo ahora que el presidente debería cambiar al jefe de la Policía por no obedecer una decisión política relacionada, nada menos, que con su propia persona.
La democracia no puede funcionar así. La Policía no es del presidente. Tampoco es del ministro de Gobierno. Mucho menos de un expresidente. Es una institución del Estado y su obligación primordial es cumplir la ley.
Por eso resulta preocupante que Morales sostenga que el comandante no es removido porque conoce información sobre el presidente, el vicepresidente y los ministros y que, si fuera cambiado, eventualmente “diría la verdad” sobre el Gobierno. Esa afirmación es de Morales y no un hecho demostrado, pero revela hasta qué punto se ha normalizado una cultura política en la que los funcionarios parecen custodiar secretos de los gobiernos y los cambios de autoridad se interpretan como amenazas de revelación.
Lo más grave, sin embargo, es la confusión deliberada entre Gobierno y Estado. Rodrigo Paz puede considerar prioritaria la aprehensión de Morales. De hecho, así lo ha señalado públicamente. Pero una cosa es que el Ejecutivo defina sus prioridades y otra que pueda convertir a la Policía en un instrumento para ejecutar decisiones políticas.
Morales tiene órdenes de aprehensión y, mientras tanto, continúa desplazándose públicamente en el trópico de Cochabamba. La situación es una anomalía institucional que el Estado debe resolver. Pero debe hacerlo mediante la ley, no mediante la lógica de la obediencia personal.
Hay, entonces, una pregunta que la declaración de Morales deja flotando: ¿quiere que la Policía cumpla la ley o que obedezca al presidente?
Si la respuesta es la segunda, Bolivia no habrá cambiado nada.
Porque mañana puede cambiar el presidente, puede cambiar el comandante y puede cambiar el nombre del perseguido. Lo que no debería cambiar es la regla: en democracia, la Policía obedece a la ley, no al poder político.
Y quizá esa sea la ironía final de todo este episodio: Evo Morales está reclamando que el Estado sea suficientemente fuerte para aprehender a Evo Morales, pero suficientemente sometido al poder político como para destituir al policía que no lo haga.
Eso no es institucionalidad. Es exactamente lo que Bolivia debe dejar atrás.
