Los políticos han ingresado en una discusión equivocada. Mientras el país necesita reformas urgentes para superar una crisis institucional, económica y política, las fuerzas opositoras comienzan a disputar algo mucho menos importante: quién planteó primero las reformas.
Libre presentó una propuesta de reforma constitucional y Samuel Doria Medina recordó que Unidad ya había planteado cambios al modelo. Unos y otros tienen derecho a defender sus iniciativas, pero convertir la reforma del Estado en una competencia por la paternidad de las ideas sería anteponer los intereses partidarios a las necesidades del país.
La pregunta no debería ser quién llegó primero, sino qué reformas necesita Bolivia y cuáles pueden aprobarse con posibilidades de éxito.
La urgencia es evidente. El país viene de una etapa de conflictividad, con bloqueos que paralizaron carreteras, afectaron el transporte, encarecieron productos y golpearon a una economía debilitada. El estado de excepción está próximo a terminar y, sin embargo, la Asamblea Legislativa todavía no ha aprobado una ley antibloqueos que establezca reglas claras para proteger derechos fundamentales y garantizar la libre circulación.
Es una contradicción.
No se puede pretender reformar el Estado mientras se dejan sin resolver problemas que pueden volver a paralizarlo. Una democracia debe garantizar el derecho a la protesta, pero también proteger el derecho de los ciudadanos a circular, trabajar y transportar sus productos sin quedar sometidos indefinidamente a medidas de presión.
La ley antibloqueos no debería convertirse en otra bandera partidaria. Debe ser una norma equilibrada, constitucional, que establezca límites y responsabilidades. Si no se aprueba antes de que termine el estado de excepción, la oportunidad perdida será difícil de justificar.
Lo mismo ocurre con la reforma constitucional. Bolivia necesita revisar sus instituciones, pero no todos los problemas se resolverán cambiando la Constitución. Hay reformas que requieren modificar la Carta Magna y otras que pueden hacerse mediante leyes, políticas públicas o decisiones administrativas. Mezclarlas todas puede terminar retrasando aquello que requiere una respuesta inmediata.
La independencia de la justicia, las autonomías, el modelo económico, la seguridad jurídica y el funcionamiento de la Asamblea son asuntos demasiado importantes para reducirlos a una disputa electoral.
Tampoco debe creerse que una nueva Constitución, por sí sola, cambiará la realidad. Bolivia ya tiene una Constitución que reconoce derechos y establece una estructura institucional. El problema muchas veces no está en el texto, sino en cómo se aplica y en la debilidad de las instituciones encargadas de hacerlo cumplir.
Por eso, la prioridad debe ser ordenar el Estado y recuperar su capacidad de gobernar. Después vendrá la discusión sobre quién propuso qué.
Si Libre tiene buenas ideas, que las presente y las defienda. Si Unidad las planteó antes, que las demuestre y las someta al debate. Y si otras fuerzas tienen propuestas mejores, que las incorporen.
El país no necesita propietarios de las reformas. Necesita reformas.
Bolivia está frente a una oportunidad que no debería desperdiciar en una pelea por la autoría. El estado de excepción terminará; los bloqueos pueden volver y la economía necesita respuestas.
La política debería entender que gobernar no consiste en demostrar quién tuvo primero la idea, sino en resolver los problemas que afectan a todos.
Primero hay que reformar el Estado. La historia de quién lo propuso primero puede esperar.
