La renuncia de Andrés Zaratti no debería ser leída como una simple discrepancia entre un funcionario y el Gobierno. Es la consecuencia visible de un problema mayor: Bolivia vuelve a dejar a la cultura sin una institucionalidad con rango suficiente para definir políticas de Estado.
Zaratti dijo que no validará decisiones con las que no coincide porque debilitan la institucionalidad cultural y reducen las posibilidades de construir una política pública integral y sostenible. Su salida se produce después de la supresión del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía y su reemplazo por una Agencia Nacional de Turismo, Folklore y Gastronomía.
No se trata de defender ministerios por el solo hecho de existir. El Estado necesita racionalizar su estructura y eliminar burocracia. Pero una cosa es reducir oficinas y otra quitar jerarquía política a un sector que protege la memoria, el patrimonio y la identidad del país.
La cultura boliviana ya venía desmoronándose. El Estado la dejó durante años sin una política coherente y ahora corre el riesgo de repetir el abandono.
Zaratti había impulsado una agenda nacional. Las Jornadas Culturales Plurinacionales recorrieron los nueve departamentos y El Alto, recogieron propuestas de artistas, gestores, instituciones, municipios, gobernaciones, pueblos indígenas y otros actores. El objetivo era construir un Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural y articularlo con los planes territoriales. Era ordenar aquello que estuvo disperso.
Ahora cabe preguntar qué ocurrirá con ese trabajo. ¿Quién continuará el Plan y qué pasará con los Consejos Departamentales de Culturas?
Para Potosí y Sucre las preguntas son todavía más graves.
Ambas ciudades tienen en su patrimonio histórico y cultural una de sus mayores posibilidades de desarrollo. Son territorios donde patrimonio, historia, archivos, museos, arquitectura, festividades, gastronomía, investigación y turismo cultural forman un mismo sistema. Su potencial turístico es enorme y eso también se ha puesto en riesgo con la eliminación del ministerio. Más allá de los que puedan haber los gobiernos subnacionales, su turismo y cultura dependen de políticas nacionales de protección y puesta en valor.
Potosí enfrenta la amenaza sobre su patrimonio mundial y conserva bienes documentales excepcionales. Sucre necesita fortalecer la gestión de su centro histórico y convertir su patrimonio virreinal y republicano en una política de desarrollo. Ninguna de esas tareas puede quedar reducida a promoción turística.
Porque aquí está el error de fondo: confundir cultura con turismo.
El turismo puede beneficiarse de la cultura, pero la cultura no puede quedar subordinada al turismo. Un museo no existe para vender entradas; un archivo no existe para atraer visitantes; un sitio patrimonial no existe para producir fotografías. Su razón de ser es preservar la memoria colectiva. El turismo debe ser una herramienta para su sostenibilidad, no su finalidad.
Una agencia puede promocionar destinos, generar empleo y captar divisas. Pero no sustituye la función de formular políticas culturales, coordinar gobiernos subnacionales, proteger el patrimonio y garantizar continuidad institucional.
La pregunta es cuánto le costará a Bolivia perder otra institucionalidad cultural.
Zaratti se va porque no quiere convertirse en la firma que legitime ese retroceso. El Gobierno todavía está a tiempo de demostrar que la eliminación del ministerio no significará la eliminación de la política cultural.
Bolivia necesita menos burocracia, pero no menos cultura. Y Potosí y Sucre necesitan que esa diferencia quede clara.
