La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba resolvió dejar “parcialmente nulo y sin efecto” el auto de apertura de juicio de 2009 contra Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Quevedo, exministros de Defensa y de Participación Popular, respectivamente, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por los hechos de octubre de 2003.
La Resolución Constitucional 007/2026, emitida el 12 de agosto, declaró la tutela constitucional en favor de las exautoridades, en calidad de accionantes, luego de que presentaran una acción de libertad contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
“Se declara parcialmente nulo y sin efecto, únicamente respecto de los accionantes Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic y José Carlos Sánchez Berzaín, el auto de apertura de juicio del 25 de marzo de 2009 (Exp. N° 488/2007) y el consecuente auto supremo de 18 de mayo de 2009 (Exp. N° 488/2007)”, señala la parte resolutiva.
El fallo establece, además, que quedan sin efecto las disposiciones y medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los accionantes, así como las órdenes y mandamientos de aprehensión emitidos contra su libertad, derivados del proceso penal en análisis.
La Sala Constitucional dispuso que la presente Resolución Constitucional sea notificada al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las oficinas de Interpol, a efectos de su cumplimiento.
Según el documento, se advirtió que, en el caso de las exautoridades, el tribunal de garantías pudo establecer que las condiciones en las que se llevaron a cabo los actuados examinados configuran una “vulneración al debido proceso por procesamiento indebido o ilegal, con relevancia en la libertad”.
Además, se advirtieron irregularidades en la tramitación del proceso por ausencia de control jurisdiccional y constitucional de la causa, en compatibilidad con el bloque de constitucionalidad, debido a la “ausencia de análisis del contexto integral” en el que se desarrollaron los hechos relacionados con los acontecimientos de septiembre y octubre de 2003.
Dentro del juicio de 2009 figuran 17 involucrados en la revuelta que culminó con 68 muertos y más de 400 heridos en 2003, como resultado de la denominada “guerra del gas”, hecho que derivó en la caída del expresidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada.
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