El 30 de abril de 2026, el Senado Nacional acusó a la Sala Constitucional 3ra de El Alto, mediate resolución camaral N° 02672025-2026, de vulnerar la Constitución Política del Estado al haber dispuesto la suspensión de un acto de interpelación contra un ministro de Rodrigo Paz. Esa misma Sala resolverá este lunes la acción de amparo constitucional interpuesto por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para que anule el voto de censura en ausencia y vuelva a sus funciones.
El Senado acusó a dicha Sala de causar un daño institucional al Estado Plurinacional, al alterar la relación funcional entre órganos del poder público y condicionar la actuación parlamentaria a un mandato jurisdiccional sin base constitucional, al haber dispuesto la suspensión temporal de un acto de interpelación contra el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, a simple solicitud del convocado a un acto de interpelación.
Ahora el turno fue del ministro Espinoza que los vocales lo restituyan al cargo, tras haber sido destituido del cargo por efecto de la Ley que regula los actos de interpelación. El argumento de Espinoza es que no fue atendido una solicitud de postergación por razones de agenda de trabajo, pese a que fue varias reprogramada en medio del receso parlamentario.
Espinoza explica que fue censurado en su ausencia con una votación menor a lo que exige la Constitución. Según el exministro, debería ser censurado por 110 de los 166 miembros de la Asamblea, pero en la votación del martes 18 de agosto, la votación solo alcanzó a 91 votos favorables, es decir, veinte (20) votos por debajo del umbral constitucional de ciento once.
En abril de este año, el Senado dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe defender el Estado de Derecho y, en particular, contra el auto constitucional de referencia de postergar la interpelación del ministro Blanco, a fin de restablecer el orden constitucional, preservar la soberanía popular delegada y determinar las responsabilidades que correspondan.
En esa oportunidad dispuesto la presentación de una denuncia penal, ante el Ministerio Público, contra los vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, previstos por los Artículos 153, 154 y 173 del Código Penal.
Sin embargo, desde abril de 2026, no se conoce si habría iniciado proceso penal por lo que considera además la grave violación al Estado de Derecho que se pretende materializar en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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