Pocas sentencias judiciales trascienden el ámbito legal para convertirse en un hecho político y económico de primer orden. La decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar el pago que Soboce debe efectuar a Fancesa por competencia desleal pertenece a esa categoría. No solo cierra, al menos en la jurisdicción ordinaria, uno de los litigios empresariales más notorio del país, sino que abre una nueva etapa para una de las principales empresas de Chuquisaca y proyecta sus efectos sobre un caso de repercusión internacional.
Para Fancesa, el fallo representa mucho más que una victoria judicial. La posibilidad de recibir más de 744 millones de bolivianos puede cambiar su horizonte financiero. Esos recursos permitirían modernizar sus plantas, incorporar tecnología, fortalecer su capacidad productiva, reducir pasivos y recuperar competitividad. También beneficiarían a sus copropietarios —la Universidad San Francisco Xavier, la Gobernación de Chuquisaca y el Gobierno Municipal de Sucre—, que durante años vieron postergadas expectativas económicas legítimas.
Pero el fallo también invita a mirar fuera de los tribunales. Las investigaciones abiertas en España sobre las presuntas gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en favor del Grupo Gloria, propietario de Soboce, han colocado este litigio bajo una luz distinta. Será la justicia española la que determine si existieron o no conductas ilícitas, respetando plenamente la presunción de inocencia. Sin embargo, el solo hecho de que un exjefe de Gobierno aparezca mencionado en una investigación vinculada con un proceso judicial boliviano demuestra hasta dónde pueden llegar las redes de influencia cuando confluyen poder político e intereses económicos.
La afinidad política entre Rodríguez Zapatero y el entonces presidente Luis Arce alimenta interrogantes que solo una investigación seria podrá despejar. La cercanía ideológica no constituye prueba de irregularidad, pero tampoco puede convertirse en un escudo frente al escrutinio público. Cuando hay intereses económicos de gran magnitud, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en un deber.
Este caso también deja una lección política. La corrupción no pertenece a una ideología. Durante años, la izquierda ha presentado la corrupción como un rasgo del capitalismo y la derecha la ha atribuido al estatismo. La realidad demuestra que ambas simplificaciones son falsas. Allí donde el poder carece de controles eficaces aparecen el tráfico de influencias, el favoritismo y la utilización de las instituciones en beneficio de intereses particulares. Cambian los discursos; no necesariamente las prácticas.
Por eso, la discusión no debería centrarse en preguntarse si hay más corrupción en la izquierda o en la derecha. La verdadera diferencia está entre gobiernos sometidos al control de instituciones independientes y gobiernos donde esas instituciones terminan subordinadas al poder político.
Por eso, la importancia de este fallo trasciende a Fancesa y a Soboce. Lo que está en juego es la credibilidad de la justicia boliviana y la confianza de los ciudadanos en que ninguna red de poder, por influyente que sea, puede torcer indefinidamente el curso de los tribunales. La sentencia llega después de años de dilaciones, recursos e incertidumbre.
Ahora corresponde ejecutar lo resuelto sin nuevas maniobras dilatorias y permitir que Fancesa aproveche una oportunidad largamente esperada para fortalecer su futuro. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre las presuntas influencias políticas deben avanzar hasta esclarecer completamente los hechos, caiga quien caiga. Porque la democracia no se degrada cuando se investiga al poder; se degrada cuando el poder deja de ser investigado.
