Pocas decisiones económicas generan tanta sensibilidad en Bolivia como modificar el régimen cambiario. Durante más de una década, el tipo de cambio fijo fue presentado como un símbolo de estabilidad, hasta que la realidad terminó imponiéndose. La escasez de divisas, el crecimiento del mercado paralelo y la caída de las reservas internacionales demostraron que sostener artificialmente esa cotización ya no era viable. En ese contexto, y dependiendo de los efectos inmediatos, la decisión del presidente Rodrigo Paz de sustituir el tipo de cambio fijo por una cotización móvil podría constituir una de las medidas económicas más trascendentales de los últimos años.
No es una decisión exenta de costos. Significa reconocer que el valor del Boliviano ya no puede depender únicamente de una determinación administrativa, sino también de las condiciones del mercado. Ese sinceramiento, considerado inevitable en términos económicos pragmáticos, abre un período de ajuste que afectará tanto al sector privado como a las familias cuya economía ya ha sufrido bastante en los últimos años.
Entre sus ventajas destaca la posibilidad de reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, fuente permanente de especulación, distorsiones e incertidumbre para importadores e inversionistas. Un tipo de cambio móvil puede transparentar el mercado, mejorar la disponibilidad de divisas y aliviar la presión sobre las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Al mismo tiempo, envía una señal de mayor realismo económico hacia inversionistas y organismos financieros.
Los riesgos, sin embargo, son igualmente claros. Una depreciación del Boliviano encarecerá los productos importados y aquellos que dependen de insumos externos. Combustibles, medicamentos, maquinaria, equipos tecnológicos y numerosos bienes de consumo podrían aumentar de precio, alimentando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables.
Lejos de lo que vayan a decir sectores partidarios, especialmente aquellos que alentaron los bloqueos de caminos recién pasados, las empresas privadas tampoco serán ajenas al impacto. Quienes mantienen deudas en dólares verán incrementadas sus obligaciones en moneda nacional y muchas deberán revisar sus costos. En cambio, los sectores exportadores podrían beneficiarse al recibir más Bolivianos por cada dólar generado en los mercados internacionales, fortaleciendo su competitividad e incentivando la producción destinada al exterior.
El éxito de la medida dependerá menos del nuevo régimen cambiario que de las políticas que lo acompañen. Si no existe disciplina fiscal, seguridad jurídica, incentivos a la inversión y una estrategia para incrementar las exportaciones, la flexibilización del dólar corre el riesgo de convertirse únicamente en un mecanismo para trasladar los desequilibrios económicos al bolsillo de la población.
Toda reforma de esta magnitud exige liderazgo y transparencia. Los ciudadanos aceptan mejor los sacrificios cuando conocen sus causas y perciben que forman parte de un plan coherente orientado a recuperar la estabilidad. Sin esa confianza, cualquier ajuste termina alimentando la incertidumbre.
El abandono del tipo de cambio fijo marca el fin de una etapa de la economía boliviana. No constituye una solución milagrosa ni una condena inevitable. Es una herramienta para corregir distorsiones acumuladas durante años, cuyo éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para complementarla con reformas que restauren la confianza, impulsen la inversión y sienten las bases de un crecimiento sostenible. Ese será, en definitiva, el verdadero examen de esta decisión.
