El analista financiero Jaime Dunn y el economista Mauricio Ríos coincidieron este lunes en que el nuevo régimen de tipo de cambio en Bolivia no responde a las fuerzas del mercado, sino que constituye una “confesión oficial” de la crisis y un ajuste contable que mantiene el control estatal sobre la moneda.
La implementación de un tipo de cambio flexible en el país, que se cotiza en 9,76 bolivianos por dólar parea este martes, fue entendida por algunos como una apertura a las fuerzas de la oferta y la demanda. Sin embargo, para Dunn y Ríos, esta narrativa es falsa, ya que el Estado mantiene mecanismos de intervención que desvirtúan cualquier noción de libre mercado, explicaron.
Dunn, en una entrevista con el canal de streaming “Correo Play” de CORREO DEL SUR, señaló que no existe una verdadera liberación, pues el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció, mediante la Resolución 88/26, que el precio de venta de las divisas no puede exceder en más de 10 centavos al tipo de cambio oficial. Para Dunn, esto no es más que un “control de precios” aplicado a la moneda nacional, similar a lo que ocurre cuando el Gobierno fija el precio de productos básicos.
El analista advirtió que la historia económica demuestra que controlar artificialmente el precio de un bien siempre termina generando escasez, tal como ocurrió recientemente con el combustible en el país.
En ese entendido, Dunn dijo que el 6,96 era una “ficción oficial”, mientras que el nuevo tipo de cambio representa la “confesión oficial” de que dicha ficción era insostenible.
Por su parte, Ríos sostuvo que un tipo de cambio verdaderamente libre es imposible mientras persista el monopolio de emisión del BCB. Según el economista, mientras una sola entidad controle la oferta monetaria y decida cuánto dinero crear y con qué destino, cualquier “flotación” será meramente administrada por el Estado.
Ríos argumentó que la devaluación no es un ajuste neutral del mercado, sino una forma de “repudio parcial de la deuda” el Estado. Al emitir moneda sin respaldo y luego devaluarla, el Gobierno permite pagarse a sí mismo y a sus acreedores con una moneda de menor calidad y valor real del que se comprometió originalmente. Esta medida, explicó, constituye una transferencia de riqueza desde los ahorristas y asalariados hacia el emisor estatal.
