El Gobierno estableció, mediante el Decreto 5676, promulgado poco después de la medianoche de este lunes por el presidente Rodrigo Paz, un precio referencial y flotante de Bs 18 por litro de diésel para clientes directos y grandes consumidores (Gracos). Con esta medida se busca acabar con las filas en los surtidores, frenar el contrabando de combustibles y reducir la carga fiscal del Estado, pero generó el rechazo en sectores como la CAO, que considera que la medida castiga a pequeños y medianos productores.
Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, defendieron la norma en una conferencia de prensa ofrecida la tarde de este lunes, luego de que la noticia sorprendiera a la población y provocara incertidumbre. Aramayo sostuvo que la decisión responde a la necesidad de “dejar de desangrar al Tesoro General del Estado” con la compra de hidrocarburos a precios que no corresponden al valor internacional, en referencia a la escasez de dólares que enfrenta el país para financiar esas importaciones.
El decreto en cuestión crea un segmento de grandes consumidores y compradores directos de diésel, a los que se les cobrará un precio referencial y flotante que inicialmente fue fijado en Bs 18, mientras que los pequeños consumidores, transportistas y particulares seguirán pagando Bs 9,80 por litro, sin variación.
Blanco explicó que hay tres grupos afectados: los que consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales, los que compran entre 5.000 y 19.900 litros, y los Gracos, que superan los 20.000 litros.
Gobernador Luis Ayllón: “No maten a la industria”
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, expresó su preocupación por la aplicación del Decreto Supremo 5676,y dijo que podría generar un encarecimiento en distintos sectores productivos. Agregó que empresas como Fancesa, además de micro y pequeñas unidades, se verán afectadas por el incremento operativo, lo que podría repercutir incluso en los precios finales de productos como el cemento. “Saben que Fancesa sí requiere estos insumos de los combustibles, como es la gasolina, el diésel, gas, que se requiere precisamente como insumo importante para movilizar toda la maquinaria que tenemos en esta industria”, afirmó Ayllón.
Jean Pierre Antelo: Cainco apoya el decreto sobre el diésel
El presidente de la Cainco Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, expresó el respaldo de la organización al sinceramiento de los precios de los combustibles en el país, tras conocerse la medida del Gobierno. Antelo señaló que el sector privado llevaba más de dos años solicitando tanto la importación directa como un sinceramiento de tarifas, bajo la premisa de que “no existe diésel más caro que el que no hay”. Expresó en Correo Play que esta decisión representa un avance para salir de la emergencia, permitiendo que las empresas tengan la previsibilidad necesaria para ajustar su economía y continuar operando.
Ambas autoridades señalaron que lo que se busca es acabar con las filas, aunque remarcaron en que la disposición no resolverá de inmediato la escasez ni las filas en los surtidores. “No se va a acabar de la noche a la mañana, porque esa medida apenas empieza”, señaló Aramayo, mientras Blanco añadió que “lo que han destrozado en 20 años no se va a solucionar, como muchos piensan, en nueve meses”.
En ese marco, el titular de Hidrocarburos calificó el decreto como un intento de “sincerar” el precio del combustible tras décadas en los que el valor el el mercado interno no reflejó el costo real de importación.
Aramayo también denunció la existencia de una estructura de contrabando que opera “a todo nivel” y que, según dijo, saca el diésel “desde las estaciones, desde las cisternas, desde los tanques”. El Gobierno citó además los casos de Colombia, Chile y Perú como referencias de esquemas similares de precios ajustables, y comparó el mecanismo con el aplicado al tipo de cambio del dólar flexible.
RECHAZO
El sector agropecuario de Santa Cruz, sin embargo, expresó un rechazo rotundo al decreto. Con notoria molestia, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dio lectura a un pronunciamiento surgido de una larga reunión y calificó la norma como un “trato discriminatorio del Gobierno a los pequeños, medianos y grandes productores al implementar un precio diferenciado en el diésel con respecto a otras actividades económicas”. Anunció además la convocatoria a un congreso extraordinario junto a otros sectores productivos “para que tomemos decisiones más drásticas si es que esto no se mejora”.
Frerking sostuvo que el aumento del precio para grandes consumidores no resuelve el desabastecimiento en los surtidores y advirtió que, por el contrario, “la aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, a la especulación, al mercado negro y a la corrupción, que son los principales problemas que han originado el desabastecimiento que actualmente tenemos”. El dirigente cuestionó que la medida recaiga sobre el agro cuando, según explicó, el sector demanda apenas el 16% del consumo nacional de diésel y con eso produce todos los alimentos para los bolivianos. “No nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, advirtió.
La CAO planteó como alternativa que el Gobierno considere la compra de etanol de producción nacional pagado en bolivianos, y reclamó reglas iguales “para todos” los sectores económicos.
Ante las críticas, Aramayo atribuyó el rechazo a “una mala interpretación” del alcance del decreto y llamó al diálogo con los sectores afectados para definir su reglamentación.
LAS CLAVES
• El Decreto Supremo 5676 fue promulgado por el presidente Rodrigo Paz poco despúes de la medianoche del lunes, con el objetivo de disminuir la carga fiscal que asume YPFB por la importación de diésel.
• Autoriza a YPFB a vender diésel a Precio Referencial a Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), y habilita a las estaciones de servicio y puestos de venta a comercializar ese combustible a Usuarios Directos, bajo la misma modalidad.
• Define tres categorías según el volumen mensual: UsuaWrio Directo (120 a 5.000 litros, comprados en surtidores); Cliente Directo (5.000 a 19.999 litros, en plantas de almacenaje); y Gran Consumidor o GRACO (desde 20.000 litros, también en plantas de almacenaje).
• Para el resto de los consumidores, se mantiene invariable el precio de Bs 9,80 por litro, fijado en el Decreto Supremo 5516 y modificado por el 5652.
