El Gobierno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Comité Pro Santa Cruz acordaron este lunes en una reunión al menos 10 compromisos para garantizar el abastecimiento de combustibles.
El presidente del Comité Cívico Por Santa Cruz, Stello Cochamanidis, explicó que en el encuentro el vocero presidencial, José Luis Gálvez; y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informaron sobre la situación del abastecimiento y los problemas centrales identificados “que debemos estar enfrentando”.
“Por lo tanto, luego de la intervención de las autoridades, instituciones y sectores presentes se establecieron los siguientes compromisos”, indicó Cochamanidis en una rueda de prensa desde Santa Cruz.
Detalló que el primer compromiso es garantizar el abastecimiento inmediato de combustibles y publicar a partir de la fecha un cronograma diario de suministro informando volúmenes programados y despachados para Bolivia, Santa Cruz, sus provincias y municipios.
El segundo, conminar a una solución estructural incorporando activamente a los sectores público y privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles.
El tercero, de manera inmediata solicitar una normativa que elimine las cargas tributarias y de sustancias controladas que obstaculizan la importación privada de combustible, particularmente Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), mediante los instrumentos legales correspondientes.
El cuarto, solicitar que se declare como prioridad nacional la producción de biocombustible como medida estratégica fundamental para reducir la dependencia de insumos importados, dinamizar el agro, incrementar la oferta local y departamental hasta abaratar estructuralmente el precio de los carburantes.
El quinto, YPFB hará funcionar de manera inmediata la producción nacional en los campos de producción de crudo actualmente subutilizados o paralizados; como también los poliductos y oleoductos, para garantizar la logística y suministro del combustible.
El sexto compromiso exige la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) “por ser esta una de las fuentes de las mafias de corrupción en la comercialización del combustible”.
El séptimo también exige al Gobierno nacional que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de proteger las fronteras y acabar con el contrabando, el mercado negro y el desvío ilegal de combustibles garantizando que el producto llegue al ciudadano y al aparato productivo.
El octavo, iniciar el debate nacional sobre las reformas legales y constitucionales necesarias para transformar estructuralmente el modelo energético boliviano, recuperar inversión y devolver al país la capacidad de producir sus propios hidrocarburos.
Además “exigimos los nombres de los responsables y las acciones concretas penales como también un informe de los resultados en la lucha frontal contra la corrupción de instituciones de YPFB y del Estado que son parte de la red de corrupción de esta mafia que está dañando a la economía y estabilidad del país”, añadió Cochamanidis respecto al noveno compromiso.
El décimo punto indica que el 31 de agosto sostendrán una nueva reunión este sector cruceño, el presidente de YPFB y el vocero presidencial en representación del Ejecutivo nacional.
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