El año 2025 marcó un hito silencioso en la minería boliviana, casi $us 8.000 millones registrados valió la producción de ese año. El valor del oro extraído y registrado oficialmente superó los $us 3.100 millones, una cifra impresionante por su magnitud. Sin embargo, las regalías que ingresaron al fisco por ese concepto no llegaron a los $us 60 millones. La proporción es elocuente: por cada 100 dólares de oro salido del territorio nacional, el Estado recibió menos de 2. El problema no es solo del oro; es estructural y atraviesa toda la minería boliviana, cuya renta –la parte del valor mineral que administra el Estado– se ha mantenido en torno al 9% del total a lo largo de toda la última década, independientemente del ciclo de precios internacionales.

MARGINADO DE SU PROPIA RIQUEZA

Desde 2016, el valor de la producción minera boliviana ha seguido las oscilaciones de los precios internacionales: se contrajo con el fin del superciclo de materias primas, se recuperó entre 2021 y 2022 con el alza del zinc, el estaño, la plata y el oro, y se sostuvo en niveles elevados en 2025 gracias al precio histórico del metal dorado; pero, sobre todo, de la plata. Sin embargo, la renta minera nacional –el conjunto de regalías, impuestos y dividendos de empresas estatales que retiene efectivamente el Estado– nunca acompañó esa expansión en términos proporcionales. Las recaudaciones impositivas son bajas, muchos operadores están exentos de los impuestos que aplican al sector privado, y los mecanismos de control sobre la comercialización son débiles. Mientras el valor total del mineral extraído se multiplicó a lo largo de la década, la proporción gestionada por el Estado apenas se movió del entorno del 9%. La renta minera creció en términos absolutos, pero como reflejo de los precios y no como resultado de una mejora en la captura fiscal.

EL ORO: EL CASO MÁS EXTREMO

La producción aurífera registrada ilustra con precisión la naturaleza del problema. En 2022, Bolivia reportó oficialmente 54 toneladas de oro extraídas. En los años siguientes, esa cifra fue cayendo: 47 toneladas en 2023, apenas 21 en 2024, y una leve recuperación a 26 en 2025. A primera vista, los datos podrían interpretarse como una caída productiva. La explicación real es más preocupante: el contrabando sistemático hacia países vecinos donde los exportadores pueden cobrar en dólares –algo que en Bolivia se volvió inviable por la escasez de divisas– y la reducción del oro de países limítrofes que previamente se registraba como boliviano, aprovechando la mínima carga fiscal que impone el país a este metal.

Los operadores auríferos –en su mayoría cooperativistas– pagan una regalía que varía entre el 1,5% y el 2,5% del valor de su producción, cuando la ley establece un 7%. Un acuerdo diseñó un esquema en que ese 7% total se dividiría: el 2,5% iría a las regiones productoras y el 4,5% restante al gobierno central. Pero este último porcentaje debía instrumentalizarse mediante una ley complementaria que nunca fue aprobada. En consecuencia, los operadores auríferos pagan únicamente la fracción regional, y solo el 1,5% cuando la venta se realiza en el mercado interno o directamente al Banco Central –aunque este último exporte luego el oro al exterior.

Las organizaciones que extraen oro en Bolivia operan además en condiciones de excepcionalidad regulatoria difícil de justificar: no pagan impuesto a las utilidades, y apenas el 15% de los operadores cuenta con licencia ambiental, a pesar de ser un requisito legal para iniciar actividades mineras. Los últimos acuerdos debilitaron aún más este requisito, abriendo la puerta para que las cooperativas ingresen a áreas naturales protegidas bajo condiciones extremadamente ventajosas.

‘‘Por cada cien dólares de oro salido del territorio boliviano, el Estado recibió menos de dos en concepto de regalías. La tasa legal es del 7%; la efectivamente pagada no supera el 2,5%.

MUCHO MINERAL, POCO RETORNO

Las regalías que reciben los departamentos productores reflejan con fidelidad la geografía minera del país. Potosí y Oruro concentran la mayor parte de los ingresos por este concepto, sustentados en la producción de zinc, plata y estaño de sus grandes operaciones –entre ellas San Cristóbal, Huanuni y las numerosas cooperativas que explotan los yacimientos del altiplano. La Paz ocupa un tercer lugar, apoyada en la producción de zinc de la mina Colquiri y en el oro de las cuencas del norte departamental.

El contraste más llamativo se produce en La Paz, Beni y Pando. Estos departamentos albergan las mayores operaciones de extracción de oro aluvial del país, con todo el peso ambiental, social e institucional que esa actividad conlleva. Pero las regalías que reciben son mínimas: la combinación de tasas bajas, subdeclaración de producción y contrabando hace que el retorno fiscal sea irrisorio respecto al valor efectivamente extraído. El departamento que soporta los costos ambientales de la minería amazónica recibe, en el mejor caso, unos pocos millones de dólares al año. Es una de las inequidades más llamativas del actual modelo de distribución de la renta minera, y revela que el principio de compensación territorial por la explotación de recursos naturales no se cumple en el sector aurífero.