Siete autoridades o exautoridades judiciales o fiscales; cuatro exautoridades del Ejecutivo; dos diputados nacionales; un comandante de la Policía y un particular forman parte de la nueva lista de ciudadanos bolivianos con visa restringida por Estados Unidos. Con ella, Washington volvió a provocar un temblor político casi un mes después de la difusión de la primera lista, de 12 personas, que incluyó al entonces fiscal general, Roger Mariaca, ahor detenido y suspendido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que “amplía su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, en el marco de “los compromisos adquiridos por los socios en la Cumbre de Doral (...) y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas”.
Así, impone “restricciones de visado a 40 individuos en Bolivia”: una quincena de autoridades o exautoridades y sus familiares directos.
“Dicha política se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”, explica y reitera que “la Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”.
A diferencia de la lista anterior, en esta se incorporan dos autoridades del Órgano Legislativo y autoridades del Ejecutivo, desvinculadas hace poco.
SECUELAS EN LA JUSTICIA
Las reacciones no tardaron.
El fiscal general interino, Armando Urioste, aclaró que el 20 de octubre agradecieron los servicios de 60 funcionarios, entre ellos los fiscales Julio César Porras y Félix Balderas, incluidos en la lista de desvisados de EEUU. La decisión se debió a “algunos antecedentes que se tiene en el Ministerio Público”, precisó desde Santa Cruz.
“Todas las personas que tengan que ser investigadas, van a ser investigadas conforme a los antecedentes que tenemos en Bolivia; esto no implica que automáticamente sean juzgados y sentenciados, solamente es un precedente que puede ser indicativo de algo, pero desconocemos por qué están formando parte de la lista”, agregó.
En sus redes sociales, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, recomendó al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, y al vocal decano de Santa Cruz, Julio Nelson Alba Flores, “presentar su renuncia y someterse a la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio”.
“Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la credibilidad necesaria”, acotó.
EN LIBRE
En el ámbito político, la alianza Libre solicitó separar de la Cámara Baja al diputado Rafael López, que encabeza la lista de EEUU, y puso de ejemplo lo hecho con Roger Mariaca.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, firmaron la carta y la solicitud fue formalizada por legisladores.
