José Padilla, exdirector de la empresa estatal Chaco Energía, reveló este lunes que fue removido de su cargo luego de insistir reiteradamente en fiscalizar e investigar la presunta instalación de una operación de criptominería en la localidad de Bulo Bulo, ubicada en el trópico de Cochabamba.

Las declaraciones de Padilla, brindadas durante una entrevista con Unitel, profundizan la polémica en torno a este caso, el cual ya fue denunciado formalmente por el senador de la oposición, Leonardo Roca (Alianza Libre).

Según el relato de Padilla, durante los tres meses que formó parte del directorio de la compañía, solicitó de manera formal en tres oportunidades que se autorizara una inspección técnica al lugar de los hechos. Sin embargo, sus peticiones nunca recibieron luz verde y, poco tiempo después, se procedió a su destitución.

“Yo le pasé una carta al gerente para que él me informe o nos informe al directorio, para que conozcamos cuál era el tema de las criptomonedas. Me contestó, pero todavía habían vacíos”, sostuvo el exdirector.

Padilla detalló que la documentación e información a la que logró tener acceso mostraba avances físicos significativos para la instalación de la empresa de criptomonedas. Lo alarmante –según su testimonio– es que estos avances se ejecutaban basándose únicamente en una "carta de intenciones" y no en un contrato formal legalmente consolidado.

“Ahí viene la duda de cómo se ha manejado este proyecto y, por eso que yo he reclamado, me han sacado del Directorio (...) Quería conocer qué estaba pasando”, advirtió.

El exejecutivo también apuntó a la falta de transparencia interna, señalando que los ejecutivos de Chaco Energía –quienes permanecen en sus puestos desde la anterior administración gubernamental– no le facilitaron la información de manera oportuna.

Asimismo, Padilla puso sobre la mesa un problema técnico y legal de fondo: la normativa vigente en el país aún no regula este tipo de proyectos de alto consumo energético vinculados a centros de datos para la criptominería, lo que genera un limbo en la fiscalización de estos contratos.

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