Un juez determinó este miércoles la detención domiciliaria para el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, en el marco de presuntas irregularidades con la harina subvencionada que recibió por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). 

En una extensa audiencia, desarrollada de manera virtual, la autoridad jurisdiccional estableció que existen elementos de convicción que establecen la probabilidad de autoría en contra del dirigente, aunque dispuso que no ameritaba su reclusión.

En la resolución, se estableció que la detención domiciliaria deberá ser sin custodio ni salida laboral; arraigo, que deberá ser certificado ante la Dirección General de Migración; debe pagar una fianza económica de Bs 60.000 y debe presentarse a la Fiscalía para el registro biométrico dos veces al mes.

En el caso de su hijo, Ricky R. M., la autoridad jurisdiccional estableció también la detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 30.000, tiene arraigo y debe presentarse al Ministerio Público para el registro biométrico una vez al mes.

En la resolución, no se estableció el riesgo de fuga de los coimputados ya que, con base a informes emitidos por la Dirección General de Migración no se tiene ningún informe ni certificación del movimiento migratorio.

Ríos se encuentra imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Según los antecedentes, Ríos suscribió un contrato administrativo de prestación de servicios de arrendamiento de su almacén por Bs 19.200 aproximadamente de manera mensual y que en diez meses recibido Bs 192.000.

Posteriormente, el dirigente también se habría beneficiado de otro contrato de prestación de servicios de transporte para el traslado de harina de trigo desde Caracollo hacia Oruro por Bs 299.997,50. 

Con los contratos, según la autoridad jurisdiccional, se causó un daño económico al Estado. La suma específica se establecerá en la etapa investigativa. Para la Fiscalía, hubo un “clan familiar” que se benefició con la harina subvencionada de Emapa. 

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