Luego de los hechos de corrupción denunciados en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y Beni que habrían generado un daño económico al Estado de más de 8 millones de bolivianos, el Consejo de la Magistratura decidió destituir de inmediato a los funcionarios de libre nombramiento involucrados y solicitar la anotación preventiva de los bienes de los investigados. Hay dos registradores con detención preventiva.
En el caso de los registradores y subregistradores nombrados mediante convocatoria, los tres consejeros determinaron el inicio de procesos sumarios que podrían derivar en su desvinculación a la brevedad posible, porque en la investigación penal se ha establecido indicios de responsabilidad.
“Dentro de los procesos penales a registradores, subregistradores y funcionarios de ventanillas, el Consejo de la Magistratura está solicitando y ha hecho los requerimientos para que se puedan anotar preventivamente los inmuebles y vehículos motorizados que estén a su nombre y el congelamiento de cuentas”, declaró el consejero Carlos Spencer.
