El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este miércoles que el presidente Luis Arce, según la Ley 026, “está habilitado” para convocar a un referéndum por medio de un decreto. Sin embargo, dijo que el Gobierno, tomando en cuenta que la propuesta del jefe de Estado busca modificar parcialmente la Constitución, decidió acudir al TCP para definir “un camino único” en el procedimiento. Eso, en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional decida bloquear esta iniciativa.
Lima afirmó que el Presidente está facultado para convocar a un referéndum nacional, según el Artículo 16, inciso a) de la Ley 026. No obstante, señaló que la reforma parcial de la Constitución está regulada por los Artículos 410 y 411 de la Ley Fundamental. “Cuando toca ya materia constitucional, como puede ser la reelección o los escaños, tiene que seguir el procedimiento de reforma a la Constitución. Y la reforma a la Constitución se regula por la 410 y 411 de la Constitución”, indicó el Ministro.
No obstante, reveló también que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió en julio la posibilidad de revisar ese procedimiento. “El Auto Constitucional 326/2024 del 16 de julio (…) ha admitido la posibilidad de que se revise el procedimiento de referéndum en el país, y está actualmente en manos del TCP (...). Este auto ha admitido la discusión constitucional (sobre este tema) y, por lo tanto, estamos, en este momento, en una etapa de litigio constitucional, que va a clarificar la intervención de todos los actores políticos”, explicó Lima.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el ‘arcista’ Juan José Jauregui, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Artículo 152 y el penúltimo párrafo del Artículo 23 del Código Procesal Constitucional, con el fin de que el Presidente pueda iniciar o plantear la reforma parcial de la Constitución. El TCP admitió esta demanda.
Lima, en ese sentido, aunque reiteró que el Presidente “está habilitado” y que “va a poder convocar“ a referéndum por decreto, señaló que será el TCP el que defina una única vía en el procedimiento.
“Queremos cualificar, mejorar el proceso, y si la Asamblea quiere participar, está invitada. Pero no nos va a volver a secuestrar. No vamos a tener una Asamblea (...) que bloquee reformas estructurales del Estado. No lo vamos a permitir. Lo que vamos a hacer, y (lo) hemos diseñado, es una camino jurídico para que los bolivianos que quieran participar de esta consulta y escuchar al pueblo lo hagan. Si no quieren ser parte de la mesa, no los vamos a necesitar. Por eso hemos llevado el tema al TCP, y estamos esperando la respuesta que va a definir un camino único”, explicó.
