De más de 500 denuncias penales de acoso y violencia política contra mujeres, solo 16 llegaron a una sentencia, y de esas apenas 10 terminaron con una sanción efectiva. Estos datos fueron reflejados en el estudio “El Acoso y Violencia Política en el Sistema de Justicia Penal en Bolivia”, presentado este miércoles por el Comité de Género del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) e instituciones que trabajan con mujeres y la Defensoría del Pueblo.
La investigación, que está contenida en un libro, refleja que en los 12 años de implementación de la Ley 243 contra el acoso y/o violencia política, promulgada en 2012, solo un 3% de las denuncias obtuvo una sentencia, por lo que persiste la impunidad.
La directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer en Chuquisaca, Tania Sánchez, informó que esta institución, junto a otras organizaciones nacionales como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), emprendió una investigación para determinar por qué los casos de violencia y acoso político no terminan con una sanción.
Confirmó que de un total de 538 denuncias, solo entre 10 y 16 terminaron con sentencias, es decir que solo el 3% de los casos que llegaron al sistema penal han terminado en sanciones.
DENUNCIAS ATENDIDAS
Sánchez dijo que desde la aprobación de la Ley 243 en Bolivia se presentaron más de 1.000 denuncias de violencia y acoso político y que de esa cantidad apenas 538 llegaron al sistema penal, mientras que un 20% fueron desestimadas.
El estudio reveló que una de las razones de la baja cantidad de sentencias contra los denunciados es la falta de operadores judiciales, fiscales y jueces especializados en el trámite de este tipo de casos, dijo al identificar que la Ley 243 no determina medidas de protección para las víctimas.
“El estudio identifica cuáles son esos cuellos de botella para que concejalas, asambleístas, diputadas, senadoras, todas las mujeres que decidieron hacer política, nuestras representantes, tengan estas dificultades al momento de hacer una denuncia”, afirmó.
AJUSTAR LA LEY
En criterio de las instituciones que trabajaron en la investigación, hay necesidad de ajustar la ley, fortalecer capacidades de los jueces y fiscales y asegurar la debida diligencia en torno a la atención de estos casos.
