En diez días, entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, la justicia emitió tres fallos que favorecen legalmente a Jeanine Áñez y ordenan procesarla, respetando su calidad de expresidenta de Bolivia, en un juicio de responsabilidades, en Sucre. 

A partir de estas decisiones de la justicia ordinaria del país, el caso podría pasar ahora a manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, en función del procedimiento constitucional, trate la autorización de un juicio de responsabilidades. Por mandato de la Ley, los juicios de privilegio a exmandatarios deben desarrollarse en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre.

LOS NUEVE PUNTOS

Este caso también suma un ingrediente político. Uno de los nueve puntos supuestamente acordados entre el ala “evista” del MAS y la oposición, para garantizar la reelección de Andrónico Rodríguez en la Presidencia del Senado, incluye el tema referido al “respeto al debido proceso para presos políticos”.

El sector “arcista” denunció que, con ese acuerdo, el “evismo” favorece a autoridades como Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el excívico potosino Marco Pumari y otros detenidos por hechos de 2019.

EL ALTO

El 30 de octubre, un tribunal de sentencia de la jurisdicción de El Alto resolvió que: “No (se) constituye (en) juez natural" para administrar la acusación fiscal de genocidio por las muertes en el barrio de Senkata contra Áñez” y que le corresponde un proceso según una ley vigente para juzgar a mandatarios bolivianos.

La decisión “es una luz de esperanza” y una muestra de que “se está acatando lo establecido en la ley”, declaró en ese entonces Luis Guillén, abogado de la exmandataria interina, detenida en La Paz desde marzo de 2021.

SUCRE

Al día siguiente, el 31 del mes pasado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia admitió analizar un recurso de casación presentado por la defensa de la expresidenta Áñez. Aceptó así analizar hechos como la renuncia y la salida del país del expresidente Evo Morales y de su exvicepresidente Álvaro García Linera, además de las dimisiones de los expresidentes de las cámaras de la línea de sucesión constitucional y no de sus curules.

El 11 de junio de 2022, Áñez, en la vía ordinaria, fue sentenciada a 10 años de cárcel. Se la acusó como senadora por los dos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes, conocido como el caso Golpe II y, además, por asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales un día como hoy, 10 de noviembre, pero de 2019. 

Áñez, quien se declaró “presa política” en el penal de Miraflores, fue arrestada en marzo de 2021 y desde entonces se encuentra con detención preventiva enfrentando un total de siete casos en su contra.

COCHABAMBA

Este jueves 9 de noviembre, al igual que el Tribunal de El Alto, que declinó juzgar a Áñez en la vía ordinaria por el caso Senkata, el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba en Cochabamba se declaró incompetente para llevar adelante un proceso en contra de la misma exautoridad e indicó que le corresponde un juicio de responsabilidades.

En este caso, la Fiscalía presentó la acusación contra Áñez por el delito de genocidio debido a las diez muertes que dejó una represión policial y militar en la localidad cochabambina de Sacaba en noviembre de 2019.

La Fiscalía procesó a Áñez en la vía ordinaria con el argumento de que ella asumió el cargo de Presidenta de manera inconstitucional; sin embargo, la defensa sostenía que correspondía iniciarle un juicio de responsabilidades, sin importar la forma de asunción al cargo.  

FISCALÍA

Antes de conocerse la posición de los juzgados de El Alto y Sacaba, el pasado 24 de octubre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, presentó, por la vía ordinaria, su acusación contra Áñez por el delito de genocidio y pidió 30 años de cárcel por los hechos en Sacaba y Senkata.

En la acusación fiscal, además, se incluyó a los exministros de Defensa, Luis Fernando López; de Gobierno, Arturo Murillo; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, además de 13 jefes militares y policiales.

Fiscalía debe restablecer el trámite

Si la justicia ordinaria confirma la determinación de los juzgados y tribunales ordinarios de declararse incompetentes para procesar a la expresidenta Jeanine Áñez por los casos Golpe II, Sacaba y Senkata, la Fiscalía General deberá activar su competencia en la vía de juicio de responsabilidades y restablecer el trámite de requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para la correspondiente autorización en la Asamblea Legislativa.