Los enfrentamientos con gases lacrimógenos, balines y cachorros de dinamita entre policías y cocaleros de la Adepcoca en Villa Fátima y Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz, desató la indignación y desesperación de vecinos que son presas de un daño colateral. Dos juristas advierten que en esos hechos se cometió un delito y se vulneraron al menos 8 derechos de las personas.

Estas pugnas se reavivaron desde la semana pasada, cuando cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz reanudaron movilizaciones para defender su mercado de coca de Villa Fátima y exigir al Gobierno el cierre del mercado paralelo de la hoja, al mando de Arnold Alanes, dirigente afín al Movimiento AL Socialismo (MAS).

El uso de gases lacrimógenos y la detonación de cachorros de dinamita perturbaron la paz en ambas zonas, debido a que los negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas, principalmente los instalados en las avenidas principales y cerca de los dos mercados de la coca, al igual que al menos dos establecimientos educativos que habilitaron clases virtuales.

Junto a ello, las avenidas principales se vieron cerradas a la circulación vehicular y peatonal, debido al peligro que implica y a la presencia de manifestantes que queman llantas en la calzada. Desde la semana pasada, vecinos denunciaron que ya no pueden vivir en esas condiciones, por el daño que sufren niños, personas de la tercera edad y mascotas.

La desesperación de los vecinos hizo que ayer martes salgan a protestar y pedir el cierre del mercado paralelo de la coca, en Villa El Carmen, y el retiro de policías. Incluso una madre indignada salió de su casa, con su bebé recién nacido en brazos, denunció que los vidrios de su vivienda fueron rotos por gases lacrimógenos y que su niño fue afectado por los mismos. “No puedo vivir en paz en mi casa”, dijo y siguió su camino con rumbo a otro domicilio.

En criterio del Franco Albarracín, exasesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), con este tipo de enfrentamientos se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la integridad personal, circulación, propiedad, vivienda y al trabajo, ya que esos hechos repercuten en el modo de vida de los vecinos afectados.

El abogado y analista político Andrés Gómez sostuvo que además se vulneran los derechos de los vecinos a vivir en paz y a la libre expresión, cuando pidieron el cierre del mercado paralelo y fueron gasificados por la misma Policía.

Albarracín y Gómez advirtieron que la vulneración de esos derechos en estos enfrentamientos, derivó en la comisión de al menos un delito, como el allanamiento a un domicilio por parte de policías, quienes ingresaron por la fuerza a una vivienda, sin el permiso del propietario, para aprehender a cocaleros, según reportes periodísticos.

En este caso, ambos coincidieron en sostener que la Fiscalía debía iniciar procesos de oficio, en defensa de lo establecido en la ley y en favor del vecino, un proceso en contra de los policías que allanaron la casa sin tener un permiso judicial. 

No obstante, Gómez dijo que esa situación no se dará porque “hay una franca actitud del Gobierno de utilizar toda la maquinaria del Estado” para sus fines, en la que están la Policía, Fiscalía y jueces, “en cadena”, para que se detenga a gente que pide cumplir la ley, para que se la impute y luego se la procese.

¿Quién es culpable?

Los dos abogados apuntan como los principales culpables al Gobierno y a la Policía Boliviana. Al primero por dar curso a la apertura de un mercado paralelo de la coca “ilegal” y a la fuerza del orden por resguardar un “mercado ilegal” y al uso excesivo de material antidisturbios.

Albarracín no eximió de culpa a los cocaleros, debido a que ellos alteraron la paz social con el uso de dinamitas.Gómez identificó como “origen” del conflicto al Gobierno, al permitir la apertura del “mercado ilegal” de la coca. Si no se hubiese dado ese permiso, no habría marchas de los cocaleros de Adepcoca y los vecinos estarían tranquilos, sostuvo.

Además, Gómez dijo que es “paradójico” que la Policía resguarde el “mercado ilegal y no el mercado legal” y reprima una movilización de cocaleros que exige que se cumpla la ley, que reconoce sólo como mercado sólo al de Villa Fátima.

A entender de Albarracín, los excesos de la Policía son dos. Primero al uso de armas de Paintball porque, si bien dice que no hacen daño a la gente, el reglamento de ese juego táctico indica que las personas deben portar al menos máscaras para proteger los ojos, ya que sus proyectiles pueden dejar ciego a una persona.

El otro exceso identificado por Albarracín es que los efectivos policiales disparan los gases lacrimógenos directo a las personas y no hacia arriba, para que tenga una trayectoria hiperbólica.

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