Después de siete años, la Fiscalía y los abogados del Fondo Indígena solicitaron ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de La Paz una excepción de incompetencia, por razón de territorio, en el caso que agrupa a 153 proyectos denunciados, distintos a los 97 procesos ya abiertos, y se pretende investigar de manera individual en procesos separados.

En un documento al que tuvo acceso la ANF, el juez Mario Helmer Laura Picavia debe resolver esta solicitud de dispersar o no a nivel nacional y/o regional las investigaciones de uno de los primeros casos denunciados.

Esta solicitud fue observada y cuestionada por el abogado del fallecido Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien estuvo detenido preventivamente por siete años y contra quién pesaban más de 101 procesos penales.

“Mañana (hoy jueves) se llevará a cabo una audiencia denunciada por Marco Aramayo en cuanto a la absurda petición realizada por el Ministerio Público y el exFondo Indígena. Ellos quieren separar el primer caso de los 153 proyectos denunciados en procesos diferentes para que se investiguen por cuerdas separadas (…). Si teníamos, según la Fiscalía General, 97 casos abiertos dentro este proceso ahora quieren que haya 153 casos más, en conclusión tendríamos 250 procesos abiertos a nivel nacional del exFondo Indígena”, explicó el abogado Héctor Castellón.

Según el jurista, la intención del Ministerio Público nunca fue investigar este caso y con la solicitud presentada se comprueba que sólo se busca dilatar el proceso porque hasta la fecha no se tiene ninguna acusación y los verdaderos responsables (refiriéndose a exautoridades de Gobierno) están libres de toda culpa.

En el caso de los 153 proyectos denunciados, la exministra Nemecia Achacollo está como principal denunciada, pero ahora se desconoce el propósito de la Fiscalía para solicitar que se investigue por separado.

“Es ridículo esta petición porque Marco Aramayo murió peleando por una verdad y ahora están esperando que las otras personas fallezcan y que el caso Fondo Indígena se entierre técnicamente. La solicitud de la Fiscalía es un acto bochornoso. Son 153 causas nuevas que implican 153 fiscales más que deben investigar independiente de los que ya hay para tratar de entender lo que durante siete años no se pudo hacer y esto es absurdo (…). Ahora a Aramayo esto no le afecta porque está muerto, pero es injusto por todo lo que pasarán los denunciados”, señaló el abogado.

Otra de las denunciadas en este caso es la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra. Sobre ella pesan 150 procesos penales distribuidos en Santa Cruz, Oruro, Potosí y Beni. Su situación de salud es delicada y podría complicarse más con la solicitud de la Fiscalía.

En el 2015, la Contraloría General del Estado identificó un daño económico al estado de 182,7 millones de dólares, de los cuáles sólo se logró recuperar 1,4 millones. En este hecho se vieron envueltos los principales dirigentes de las organizaciones sociales afines a Evo Morales.

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