El Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en relación a Bolivia destaca la detención y situación legal de la expresidenta Jeanine Áñez, ubica el caso en la sección de “arrestos y detenciones arbitrarias”.

En el reporte se hace un repaso desde el 13 de marzo de 2021, cuando Áñez fue arrestada por los cargos de terrorismo, sedición y conspiración y que se encuentra con detención preventiva. Incluso con una ampliación de la privación de libertad por otros seis meses sumados a la detención inicial.

Señala que los presidentes y expresidentes tienen “derecho a un juicio político, no a un juicio penal normal” por denuncias en el ejercicio de sus funciones; no obstante, dice que el Gobierno inició “procesos penales regulares contra Áñez.

La exmandataria inicialmente fue detenida por el caso “golpe de Estado”, pero en el proceso la fiscalía desdobló el caso denominándolos “golpe I” y “golpe II”, este último es por haber asumido la presidencia en noviembre de 2019, es acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y por incumplimiento de deberes.

En el informe también se hace notar que el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el gobierno inició un proceso penal contra Áñez porque el gobierno carecía de los votos en la Asamblea Legislativa para autorizar su juicio político. “Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Áñez que en darle un juicio justo”.

Asimismo, el informe dice que los expertos legales identificaron varias “irregularidades” en el arresto de la exautoridad, además de miembros de su administración. Citan que se procedió al arresto sin las notificaciones, sin evidencia de los cargos, además del uso de la fuerza policial al momento de ejecutar la aprehensión.

“El hermano de Jeanine Anez, Juan Carlos, afirmó que la policía detuvo arbitrariamente a sus dos hijos durante 36 horas y torturó a uno de ellos. “Le pusieron bolsas negras para asfixiarlo, lo golpearon y le pidieron que les dijera dónde estaba su tía (Jeanine Anez)”, dijo el pariente.

Asimismo, observan que el arresto de Áñez haya estado directamente comandado por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y por el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, lo que ha generado presión en el personal que debía ejecutar la acción.

“La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregular para una operación de arresto, era un indicador de que el gobierno en los niveles más altos estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una presión tremenda sobre los jueces que ya carecían de independencia real, según observadores informados”, se lee en el reporte.

El reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos también hace notar que el 3 de agosto de 2021, un juez ordenó seis meses adicionales de prisión preventiva contra Áñez por cargos de delitos contrarios a la Constitución, que fueron presentados por el Ministerio de Gobierno y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Denuncia relacionada con la asunción de la presidencia por Áñez en 2019.

Hace alusión a la posición de la defensa de la exautoridad, señalan que Andrés Zabaleta afirmó que se violaron los derechos al debido proceso de Áñez porque ni ella ni su equipo legal fueron notificados oficialmente de los nuevos cargos. Zabaleta también alegó que se violó el principio de “indivisibilidad” (similar a la doble incriminación) del proceso al instaurarse un segundo juicio por el mismo caso en cuestión.

También describen que el 21 de agosto, Áñez se cortó deliberadamente la muñeca izquierda y uno de los brazos en un intento de atentar contra su integridad física mientras estaba en prisión. La exautoridad declaró que “ya no quería vivir”. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó sus heridas como “simples raspaduras”.

En el resumen ejecutivo del informe señala que: los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, la prensa y otros medios, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; delitos que involucran violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales; y algunas de las peores formas de trabajo infantil.

Añade que "El gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del gobierno que cometieron abusos o actos corruptos, pero la aplicación inconsistente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto condujeron a la impunidad".

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