El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) lanzó una crítica a la Contraloría General del Estado (CGE) por no cumplir su labor en la detección de irregularidades en el escándalo de los ítems fantasmas en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Según Manuel Morales miembro del Conade, los mecanismos de control institucional se han "relajado tanto", que ni la Contraloría General del Estado está cumpliendo su función en la detección de irregularidades, por ejemplo, en el caso ítems fantasmas.

“Porque los mecanismos institucionales se hubiesen relajado a tal grado que la Contraloría no existe en Bolivia. No hay contralor, o si hay, está calentando su asiento, ya que la Contraloría ha sido incapaz de detectar estas actividades irregulares”, declaró Manuel Morales del Conade.

El contralor es Henry Lucas Ara, ocupa el cargo desde julio de 2016, cuando fue elegido por la mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La misión de la institución es "generar confianza en la población boliviana, a través de la función de control y supervisión". 

De acuerdo a la Constitución, su función es de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, es el máximo responsable de la supervisión y del control externo posterior. 

Morales sostuvo que esta función no está siendo cumplida por el contralor Henry Ara, en el caso de corrupción referido a los ítems fantasmas, que llama la atención porque la gente que debiera ser investigada por el Ministerio Público no está siendo convocada.

Se refirió específicamente a los jefes de unidades, direcciones y otras jefaturas que se supone tienen información de la gente contratada, del personal que estaba a su cargo que asistía o no, por lo que llama la atención que no se hubieran dado cuenta de la ausencia de tantas personas.

Detalló que saben las personas que trabajaron en el sector público que el personal contratado tiene una serie de responsabilidades que cumplir, desde firmar, marcar o registrarse en el biométrico, asistir a reuniones, entregar una serie de productos de trabajo.

“Las personas encargadas de hacer estos controles no están siendo investigadas o no han tenido la capacidad de hacer el control. Nos llama poderosamente la atención, creemos que estos actos de irregularidades y delitos a nivel de ítems y de contratos es generalizado”, sostuvo.

El Ministerio Público investiga la presunta irregularidad en 800 ítems en el municipio cruceño. El caso explotó a denuncia de Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la alcaldía.

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