La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la víspera conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo y dispuso la valoración integral mediante un comité de especialistas y el traslado de la niña gestante a un lugar donde no esté expuesta a influencias.
La Sala Constitucional Primera aclaró que “no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, esa es una arbitrariedad, pero si va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión”.
“Organizar un equipo médico del más alto nivel, compuesto por los profesionales especialistas más destacados en cada materia que deben ser escuchados; pueden ser ginecólogos, obstetras, psicólogos, pediatras, al tratarse de una menor para que se realice una valoración integral”, señala en una de las consideraciones.
La semana pasada, la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz, donde fue derivada la menor de edad para una eventual interrupción legal del embarazo, dispuso el alta médica luego de un contacto de la niña y su familia con la Arquidiócesis de Santa Cruz, que ofreció acogida y ayuda económica y social, a cambio de suspender el procedimiento.
La Defensoría del Pueblo, en medio de la controversia generada, interpuso un recurso judicial para resguardar los derechos de la niña. Denunció al responsable de la Niñez de Yapacaní; a la responsable de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, Verónica Hurtado, y al director de la Maternidad Percy Boland, Mario Herbas.
La segunda consideración señala que, para cumplir con esta previsión, se emita un oficio en el día –martes- al ministro de Salud, Jeyson Auza, para que en colaboración de la defensoría del Pueblo “se identifique el lugar donde la menor debe estar a partir de este momento”.
Como tercer punto, la Sala Constitucional “repudia en todos sus términos el manejo dispendioso, arbitrario, discrecional, ilógico e irracional de este caso, que es fundamentalmente responsabilidad de la defensoría de la Niñez y Adolescencia, del hospital e inclusive de la defensoría del Pueblo”.
La Sala Constitucional pide que se oficie al Viceministerio de Comunicación a fin de que se emita un comunicado “para evitar el manejo y tratamiento irresponsable de la información de la presente causa en medios de comunicación públicos y privados”.
La niña -de 11 años de edad y con 22 semanas de embarazo forzado- sufrió violación de parte del padre de su padrastro, que ahora se encuentra detenido con fines de investigación.
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