La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado boliviano proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo afirmó que la violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida.

La CIDH observó “el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, añade.

Consideró que cada Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.

El pronunciamiento de la CIDH se dio a propósito del caso de una menor de 11 años que, tras ser víctima de una violación quedó embarazada. La Iglesia Católica intervino y evitó la interrupción de la gestación. Mientras que desde la Defensoría se envió solicitud de medidas cautelares para que “el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña”.

Según el organismo, Bolivia tiene una de las tasas “más altas” de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70.

“Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año”, señala.

La CIDH instó al Estado de Bolivia a desempeñar su “mayor esfuerzo” para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.

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