El caso de la niña de 11 años que resultó embarazada luego de ser víctima de violación en Yapacaní, Santa Cruz, generó una ola de reacciones de diversas organizaciones que expresaron este martes su rechazo a la interrupción del proceso de aborto y consideran que el embarazo infantil forzado es una “tortura”. A su vez, la Iglesia católica reiteró que se debe proteger la vida de la niña y del bebé en gestación y recordó que no se puede obligar a nadie a realizar abortos.

Una de las primeras organizaciones que se pronunció sobre el caso fue el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem Bolivia) que sostiene que mantener un embarazo infantil forzado es "tortura" y recordó que en un Estado laico como Bolivia, las iglesias "no pueden intervenir" en el cumplimiento de las normas.

"Estos hechos forzados constituyen tortura. No se puede obligar a una niña de 11 años a continuar con un embarazo que pone en riesgo su salud y su vida", se lee en una parte del comunicado.

El Cladem recordó que el aborto es impune cuando el embarazo es producto de una violación y que el sistema de salud debe garantizar la interrupción legal en 24 horas.

ONU Mujereas, a través de sus redes sociales, también expresó su indignación sobre el caso de la pequeña de 11 años que resultó embarazada producto de la violación del padre de su padrastro.

El pasado jueves se emitió una sentencia para detener el embarazo, pero la familia de la víctima decidió continuar con la gestación pese a que la niña ya había iniciado el proceso de interrupción. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, esa determinación fue asumida luego del ingreso de personas “provida” que "presionaron" a la gestante y su familia prometiéndoles ayuda.

"Que todas las niñas puedan vivir su infancia y completar sus estudios, sin tener que renunciar a sus sueños por un embarazo forzado", se lee en una publicación de ONU Mujeres.

La Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres exigió que se investigue  “a quienes permitieron el acoso y hostigamiento de grupos antiderechos a la niña y su familia. Son cómplices de la vulneración de los derechos de la niña y de la violación de la normativa nacional para ILE. #NiñasNoMadres”, se lee en sus redes sociales.

Un grupo de activistas protagonizó una protesta en la ciudad de Santa Cruz y arengaron que el “embarazo infantil es tortura”, “abajo los torturadores”, “niñas no madres”. Cuestionaron que se haya impedido que la niña embarazada pueda interrumpir su embarazo tras la agresión que sufrió.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo señaló que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”.

Lamentó que “algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”.

La sentencia constitucional referida (206/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional) establece que los requisitos para acceder a la interrupción legal del embarazo son: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta) para acceder al procedimiento, entre otros aspectos.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), coronel José María Velasco, reveló que la niña proviene de un hogar disfuncional. Contó que el padre biológico de la menor se encuentra recluido por vejámenes y toques impúdicos a sus otras hijas.

La familia es de escasos recursos por eso, la madre y su nueva pareja trabajaban y dejaban a sus hijas al cuidado de su abuelastro. Los abusos se iniciaron en febrero pasado, mientras los progenitores estaban en La Paz y los hijos en Yapacaní.

Actualmente, la niña se encuentra internada en la Maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, mientras su agresor, de 61 años, fue encarcelado en la ciudad de Montero.

Iglesia

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) exhortó este martes a las autoridades públicas, respetar y proteger el derecho a la vida y salud de la niña que ha sido víctima de violación y del bebé que está en gestación.

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