Entre el 18 de febrero al 20 de octubre de este año, unos 709 privados de libertad se beneficiaron con el Decreto Supremo 4461 de amnistía e indulto, que fue abrogado ayer en el Legislativo, pero ninguno por razones políticas.

Según datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la mayor cantidad fue en Santa Cruz con 212, luego le sigue Oruro con 151. En el caso de La Paz hubo 90, al igual que en Cochabamba, en Tarija hubo 49, Beni 37, Potosí 34, Chuquisaca 27 y Pando 19.

La directora de Defensa Pública de esa cartera de Estado, Marcela Siles, aseguró en una nota de prensa que “nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”.

La funcionaria afirmó que el indulto benefició a privados de libertad por razones humanitarias, con el objetivo de liberar a los recintos penitenciarios de la situación de hacinamiento y más en un contexto de pandemia por coronavirus.

Su aplicación se dio con las excepciones correspondientes por delitos contra la vida, trata y tráfico de personas, narcotráfico y otras contravenciones que no permiten acceder al beneficio presidencial.

El decreto presidencial de amnistía e indulto fue abrogado por mayoría de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de la recomendación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La misión, en su informe final, había observado esa norma debido a que consideraba que una amnistía o indulto puede “interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia” con relación a los hechos de la crisis de 2019.

Y además, advirtió la percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

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