Una auditoría de la OEA concluyó que hubo "manipulación dolosa" en esos comicios, en los que el entonces mandatario Evo Morales se declaró vencedor aunque terminó renunciando en medio de una fuerte conmoción social por los cuestionados resultados electorales.

Pero el viernes, al acoger en la sede de la OEA en Washington el foro "¿Qué pasó realmente en las elecciones de Bolivia de 2019?", el gobierno de Arce, que llegó al poder tras una nueva votación en 2020, volvió a negar irregularidades.

"Señores y señoras, no hubo fraude en mi país", aseguró el fiscal general boliviano, Wilfredo Chávez, al reseñar el resultado de la verificación de todas las actas realizado en Bolivia.

"El debate no es un caso cerrado (...) porque tenemos la verdad por encima", añadió, y prometió un libro para "aclarar" lo ocurrido el 20 de octubre de 2019.

"Que la verdad brille al final", afirmó Chávez, deplorando que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no estuviera presente a pesar de que su despacho está "a seis metros de acá".

Ni Almagro, cuya oficina ratificó en agosto los "graves hallazgos" de la auditoría de la OEA y desestimó un estudio de la Universidad de Salamanca solicitado por la Fiscalía boliviana que descartó maniobras electorales, ni otros funcionarios de la OEA asistieron al foro.

La elección de 2019 en Bolivia es un "tema cerrado", dijo Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, al declinar en una carta la invitación a participar.

Tampoco estuvo el director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo De Icaza, quien ha denunciado como "parciales" y "sin rigor técnico" estudios que cuestionaron el análisis de la OEA.

"Estadísticas defectuosas"

En el centro del debate está la paralización de un conteo preliminar en la noche de las elecciones y su reanudación un día después, con un considerable aumento de la ventaja de Morales, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo.

Pero según algunos expertos, lo que se presentó como evidencia de irregularidades en realidad fue un "error" de valoración.

En el panel del viernes, Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), un grupo de estudios con sede en Washington y coautor del informe "Observando a los observadores", volvió a indicar "fallas" en la pesquisa del organismo regional.

"La conducta de la OEA en relación con las elecciones de Bolivia de 2019 ha dado lugar a una clara intervención política, que se basó en estadísticas defectuosas y una tergiversación incluso de sus propios hallazgos", dijo.

Otro de los expertos, Francisco Rodríguez, de la Universidad Tulane en Luisiana, indicó "errores de procesamiento de datos" en la auditoría de la OEA.

Rodríguez, quien en julio de 2020 publicó con profesores de la Universidad de Pensilvania el trabajo sobre Bolivia "¿Señalan fraude los cambios en los votos contados tardíamente?", agradeció los datos obtenidos por el diario The New York Times de las autoridades bolivianas, que según dijo les permitieron detectar problemas de metodología en el informe de la OEA.

Por otra parte, el politólogo Jack Williams, insistió en sus hallazgos en un estudio solicitado por el CEPR, en el que concluyó que "es muy probable que Morales haya obtenido el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera vuelta".

Las conclusiones de Williams y el académico John Curiel, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) pero que según el CEPR hicieron la pesquisa de manera "independiente" del prestigioso centro, fueron difundidas en febrero de 2020 en Monkey Cage, un blog publicado por el diario The Washington Post.

"Fuerte presión"

La investigación de Williams y Curiel fue refutada en mayo de 2020 por John Newman, un economista exrepresentante del Banco Mundial en Bolivia y consultor en Estados Unidos, quien ratificó las conclusiones de la OEA.

La auditoría de la OEA desencadenó la dimisión de Morales tras casi 14 años en el poder, luego de que policías y militares le retiraran el apoyo. Tras su renuncia, buscó refugio primero en México y luego en Argentina.

Los embajadores de esos dos países ante la OEA, la mexicana Luz Elena Baños y el argentino Carlos Raimundi, elogiaron que llegara "la hora de la verdad" sobre este tema.

"Valoramos que los expertos hayan presentado sus análisis a pesar de la fuerte presión de la Secretaría General", dijo Baños, usual crítica de Almagro.

Chávez dijo que la violencia desatada como "consecuencia" del informe de la OEA dejó 38 muertos, más de 300 heridos de bala y 2.500 detenidos.

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