Un juez de garantía de Arica, Chile, dispuso suspender nuevas quemas de madera boliviana, levantar la reserva de la investigación y abrir la posibilidad de un peritaje imparcial en el caso de la carga forestal retenida en ese país, informó este martes el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
El gerente general de esa institución, Gary Rodríguez, expresó su satisfacción por las determinaciones judiciales, adoptadas tras una audiencia realizada el lunes 19 de octubre, y señaló que responden a pedidos del sector maderero exportador, empresarios y autoridades bolivianas.
Según el IBCE, las medidas incluyen la suspensión de nuevas incineraciones de madera, la posibilidad de realizar una contraprueba mediante un peritaje independiente y el levantamiento de la reserva de la investigación, que hasta ahora impedía conocer los antecedentes del proceso.
La realización del peritaje deberá definirse en una nueva audiencia prevista para el 29 de octubre, de acuerdo con la información difundida por la entidad.
Rodríguez sostuvo que estas decisiones permitirán examinar las pruebas relacionadas con la denuncia sobre un supuesto transporte de sustancias controladas en madera boliviana exportada a través del puerto de Arica.
El caso se remonta al 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la incautación de 108 toneladas de madera presuntamente impregnada con sustancias controladas, dentro de una carga de más de 1.000 toneladas de productos forestales bolivianos que tenían como destino mercados de ultramar.
De acuerdo con el IBCE, la retención de la mercancía afectó a 23 empresas exportadoras bolivianas y cerca de 60 contenedores. La institución estima que el perjuicio económico alcanza los 50 millones de dólares y advierte sobre efectos en la reputación del sector forestal, la pérdida de clientes internacionales y el empleo en la cadena productiva maderera.
Rodríguez afirmó que el procedimiento aplicado en Chile perjudicó a los exportadores bolivianos y cuestionó las actuaciones de las autoridades que participaron en el caso. También sostuvo que deben respetarse las garantías del debido proceso y los acuerdos internacionales que regulan el tránsito comercial de Bolivia por territorio chileno.
El IBCE señaló que las medidas judiciales permitirán avanzar hacia una revisión de las pruebas y de las actuaciones realizadas durante la investigación. Sin embargo, el resultado del proceso y la validez de las denuncias deberán establecerse en las instancias judiciales correspondientes.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
