El Movimiento Cívico Nacional determinó realizar una marcha de protesta para el 10 de octubre y llevar adelante un paro movilizado un día después en todo el país, como una forma de rechazo a la persecución política y violación de los derechos humanos por parte del Gobierno de Luis Arce.
“Repudiamos la persecución de los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares trabajadores de educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y de todos quienes defendieron la vida y la democracia, por lo que apoyaremos y participaremos en todas las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, como la gran marcha nacional del 10 de octubre y el paro nacional movilizado del 11 de octubre”, dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
Este viernes, los representantes cívicos de los nueve departamentos del país se reunieron en la ciudad de Potosí para suscribir un documento de cuatro puntos, en los que destacan la defensa de los recursos naturales, rechazan los avasallamientos del territorio indígena y la injerencia en instituciones privadas, tal es el caso de Adepcoca.
En la reunión también se definió convocar a una cumbre nacional por la unidad, defensa nacional y la democracia en contra de la dictadura que encabeza el Movimiento Al Socialismo (MAS). Está previsto que el encuentro se desarrolle el 4 de octubre en la ciudad de Santa Cruz.
En los últimos días, el conflicto entre los cívicos y el Gobierno se agudizó debido a los sucesos que se registraron el 24 de septiembre en la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, por la iza de la wiphala y otros.
En ese contexto, el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón, manifestó que también están rechazando la persecución a los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares, educación y salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y la democracia, por lo que apoyaran y participarán en todas las movilizaciones en defensa de los derechos humanos.
Asimismo, exigen al Gobierno dejar sin efecto la aplicación de leyes inconstitucionales aprobadas y que aún están en tratamiento en la Asamblea Legislativa, como ser la ley de emergencia sanitaria, ley de legitimación de ganancias ilícitas, la ley de registro de comercio, ley de derechos reales, ley de ascensos de la policía y de las fuerzas armadas, entre otras.
Advirtió que estas normas afectan a gremialistas, comerciantes, cuenta propias, periodistas, religiosos, transportistas y a todo el pueblo boliviano, aseguran que el objetivo es continuar con la persecución política, arrebatar el derecho a la propiedad privada, coartar la libertad de expresión.
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