La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos del país, advirtió este domingo que el artículo 11 del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas abre las puertas para el levantamiento del secreto de fuente.

Al respecto, la institución propuso que en la redacción final de la ley la Asamblea Legislativa realice una excepción en el artículo en cuestión, con el objetivo de que no se vulnere el trabajo libre de los periodistas.

“Una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución, y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia”, indica el comunicado de la ANP difundido este domingo 19 de septiembre.

Es la tercera institución del gremio periodístico que se pronuncia al respecto; este sábado la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron la incorporación de esa disposición en la ley, porque pone en riesgo el “secreto de fuente” o “secreto profesional”.

Asimismo la ANP afirmó que ese enunciado representa una vulneración a la Carta Magna, un atentado a la tarea libre de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.

En ese contexto, a través de un comunicado de prensa, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales no afecta la libertad de expresión, tampoco la labor periodística. 

Por su parte, la ANP recordó que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la responsabilidad sobre la información difundida a través de los medios de comunicación social está sujeta al cumplimiento de “normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, también se pronunció sobre el tema y afirmó que la reserva de la fuente protege el debate público y que su persecución pretende reprimirlo.

"Las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública. La reserva de la fuente protege precisamente el debate público mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo", escribió en su cuenta en Twitter.

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