El Ministerio Público ordenó la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunciado por presunto tráfico de drogas y organización criminal. Después de que él mismo comunicó, a través de las redes sociales, que había salido del país, una comisión de fiscales de Santa Cruz solicitó la alerta roja de Interpol.
Por la noche, el fiscal general José Armando Urioste declaró que no tienen la seguridad de que la autoridad judicial haya abandonado Bolivia. Una resolución fiscal del 3 de noviembre de 2026 dispone la aprehensión de Saucedo por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, emitido en La Paz, se conoció un día antes de que la autoridad anunciara que había abandonado el país junto a su familia, compuesta por su esposa y tres hijos.
Según publicó el diario El Deber, el requerimiento fue firmado por los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y otros delitos conexos. En la parte resolutiva, ambos solicitan la “aprehensión” de Saucedo con base en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
La disposición sostiene que existen indicios para considerar al magistrado como probable autor de los hechos investigados. Además cita el artículo 48 de la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas con penas de 10 a 25 años de prisión, y el artículo 132 bis del Código Penal, referido a organización criminal.
NO RENUNCIÓ
Entre los argumentos para solicitar la medida, los fiscales señalan que Saucedo no habría acreditado adecuadamente un domicilio ni una fuente laboral en Bolivia, lo que supondría un riesgo de fuga. También advierten sobre una posible obstaculización de la investigación mediante la destrucción de pruebas o la influencia sobre testigos.
