Parlamentarios de Comunicad Ciudadana denunciaron este lunes que el bufete Alliance Abogados Asociados S.C., de la cual son socios el exministro de Justicia, Héctor Arce, y el exprocurador general del Estado, Pablo Menacho, se registró como una organización sin fines de lucro y no cuenta con el Registro Público de la Abogacía (RPA), tampoco tiene experiencia en arbitrajes. Pese a esas irregularidades y otras se adjudicó el contrato para la defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) en el arbitraje internacional contra la empresa Jindal Steel por un monto que asciende a Bs 2,5 millones.
“Este contrato tiene vicios de nulidad, tiene presunción de daño económico al Estado, tiene por detrás el concepto de desvío de poder en función al aprovechamiento del Estado para beneficio económico personal de Héctor Arce y Pablo Menacho, podría haber tráfico de influencias, daño económico”, manifestó el diputado José Ormachea.
Dijo que en la “contratación por excepción” del bufete de abogados hay muchos vicios de nulidad, ya que dicha firma no está constituida legalmente, no tienen el RPA, tampoco hay boleta de garantía en este proceso, y eso porque “es una empresa sin papeles”.
Por todo eso, el parlamentario mencionó que dicha firma no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria para la defensa legal de Mutún.
“Se ha registrado como organización sin fines de lucro, se ha registrado como ONG, se ha registrado para un servicio que no tiene nada que ver con la defensa legal de una empresa como la es la del Mutún”, detalló.
Para Ormachea, esta situación devela que habría un daño económico al Estado y tanto Arce como Menacho se estarían enriquecimiento a costa del Estado, más aún cuando el exministro fue designado como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Señaló que se solicitó una petición de informe al ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, para que responda sobre los criterios asumidos para esta contratación y se envió una nota a la Contraloría General del Estado para que de oficio fiscalice este caso, a fin de que se rescinda ese “contrato trucho”.
“El Contralor General del Estado tiene que fiscalizar de oficio contrataciones que posiblemente estén haciendo daño económico al Estado boliviano y que estén enriqueciendo a miembros del partido de gobierno como lo es Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho”, apuntó.
Por su parte, el diputado Oscar Balderas dijo que hay una serie de irregularidades y faltas éticas e hizo notar que se contrató un bufete para defensa de intereses del país, cuando la encargada de hacer ese trabajo es la Procuraduría General del Estado, instancia que recibe presupuesto para la defensa de los intereses del Estado ante tribunales.
“La demanda que tenemos como Comunidad Ciudadana es principalmente que se deje sin efecto este contrato por las irregularidades, y además por ser nulo de pleno derecho”, refirió.
Anteriormente, Menacho, director de ese bufete jurídico, señaló que la contratación se hizo en el marco de una convocatoria pública, donde se presentó la documentación requerida, incluyendo su propuesta técnica y económica. Sobre Arce Zaconeta dijo que pidió licencia del bufete porque asumirá como Embajador ante la OEA.
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