Los exministros del gobierno transitorio, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Yerko Núñez y María Elva Pinckert, son buscados por la Justicia para responder por distintos procesos abiertos a denuncia de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Según un analista, las exautoridades huyeron a falta de un debido proceso. En cambio, el MAS considera que la Fiscalía primero debe aprehender a otros implicados para evitar más fugas.
Sobre Murillo, López y Núñez pesan órdenes de aprehensión por el supuesto “golpe de Estado”, además, los dos primeros deben responder a otras demandas en su contra. En el caso de Pinckert, tiene una orden de aprehensión por nombramiento ilegal de un miembro del directorio del servicio de agua en Sucre.
Según los reportes policiales, Murillo y López salieron del país en noviembre de 2020. Núñez y Pinckert se declararon en la clandestinidad y se desconocen sus paraderos. Familiares de la exministra alegaron que ella ya salió del país y está a buen recaudo.
El analista jurídico y abogado de personas absueltas en el denominado caso terrorismo, Gary Prado, señaló que las exautoridades optan por huir del país porque no hay un debido proceso, ni las garantías ante un caso de supuesto “golpe” que no ha existido.
“No hay pues garantías del debido proceso, no hay garantías jurisdiccionales. Las personas que salen del país para no ser aprehendidas, son personas que están resguardando su derecho a la libertad”, señaló Prado a ANF.
El abogado explicó que el debido proceso es un conjunto de principios, garantías y derechos que tienen las personas sometidas a la Justicia en la vía penal, un juicio justo en base a las leyes donde el procesado debe tener las garantías de que va a ser juzgado de acuerdo a las normas, sin inventos de procedimientos ni de jurisdicciones.
Sin embargo, dijo que no se aplica el debido proceso en el caso abierto contra las exautoridades del gobierno transitorio. Agregó que lo que se vive hoy es solo el inició de una persecución política, muestra de ello es la detención irregular de la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
Según el jurista, lo que hubo en Bolivia en noviembre de 2019 es una sucesión constitucional, tras una protesta cívica que denunció fraude electoral, y lo que busca el actual gobierno del MAS es tapar eso y escribir la historia con el relato del supuesto “golpe de Estado”.
“Aquí de lo que se trata es de volver a establecer, como fue con el caso Porvenir, caso Hotel Las Américas, caso Manfred Reyes Villa o el caso de Yacuiba, establecer que los opositores en Bolivia no tienen derechos, que quien se ponga al frente del gobierno del MAS va a ser sometido a proceso judicial y que le van a hacer sufrir un calvario”, acotó.
En cambio, el diputado Rolando Cuellar (MAS) aseguró que hay el debido proceso y no existe persecución política, lo que se busca es que las exautoridades respondan ante la Justicia por las muertes de 2019, el caso “golpe de Estado” y los hechos de corrupción durante el gobierno transitorio.
“No hay garantías más bien para la misma Justicia, la misma Justicia los cita y se escapan del país, el Ministerio Público tiene que primero aprehenderlos por seguridad porque si no se van a escapar toditos. No hay credibilidad en lo que dice la oposición, ahí está, Murillo, López, Núñez y Pinckert, se escaparon”, manifestó Cuellar a Gigavisión.
Cuellar no cree que el problema sea el debido proceso, cuando varios de los denunciados ahora son prófugos de la justicia.
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