Cuatro exministros de Defensa de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce fueron acusados por el Ejecutivo de presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y recepción del sistema integrado de 13 radares de vigilancia civil y militar, de los cuales solo llegaron a funcionar dos. Una auditoría interna del Ministerio de Defensa estima que el posible daño económico supera los Bs 1.478 millones.
De acuerdo con la demanda penal, los exministros denunciados son Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de la gestión de Morales; Luis Fernando López, del gobierno de Áñez, y Edmundo Novillo, de la administración de Arce. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. En total suman 19 exfuncionarios.
El ministro Ernesto Justiniano explicó que el contrato original, suscrito en 2016 con la empresa francesa Thales, establecía un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se firmaron siete contratos modificatorios en cuatro gestiones ministeriales, que cambiaron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Como resultado, el periodo contractual se amplió de 31 a 82 meses, mientras que la demostración final del sistema se realizó aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder.
Los informes técnicos incluidos en la auditoría identificaron diferencias en el funcionamiento de los 13 radares instalados. Dos operaban sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos no estaban operativos.
