Una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, fue presentada por presuntas irregularidades en la contratación, ejecución y recepción del sistema de radares para el control del espacio aéreo boliviano. Según una auditoría interna del Ministerio de Defensa, el posible daño económico supera los Bs 1.478 millones.
Los exministros denunciados son Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de la gestión de Morales; Luis Fernando López, del gobierno de Áñez, y Edmundo Novillo, de la administración de Arce. La querella también incluye a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
El ministro Ernesto Justiniano explicó que el contrato original, suscrito en 2016, establecía un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se firmaron siete contratos modificatorios en cuatro gestiones ministeriales, que cambiaron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción.
Como resultado, el periodo contractual se amplió de 31 a 82 meses, mientras que la demostración final del sistema se realizó aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder.
Dos radares no estaban operativos
Los informes técnicos incluidos en la auditoría identificaron diferencias en el funcionamiento de los 13 radares instalados. Dos operaban sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos no estaban operativos.
Justiniano señaló que estos resultados reflejan una diferencia entre el nivel de ejecución reportado y las condiciones reales del sistema, cuya finalidad era dotar al Estado de capacidades para la defensa y el control del espacio aéreo.
La autoridad también detalló la participación de los exministros en las modificaciones contractuales: Ferreira firmó el contrato original y los dos primeros modificatorios; Zavaleta suscribió el tercero y el cuarto; López, el quinto, y Novillo, el sexto y el séptimo.
Piden investigar y recuperar recursos públicos
El procurador Hugo de León informó que la querella contempla los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La solicitud presentada ante el Ministerio Público busca que se investigue el posible daño económico, calculado inicialmente en más de Bs 1.478 millones, y se impulsen actuaciones judiciales para posibilitar la anotación de bienes de los involucrados, con miras a una eventual recuperación de los recursos públicos.
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