Médicos del Hospital San Antonios de los Sauces de Monteagudo se acogieron a la objeción de conciencia para negarse a realizar la interrupción del embarazo avanzado de una niña de 12 años de edad, quien quedó en gestación producto de una violación. En ese sentido, determinaron remitirla a la ciudad de Sucre, reportó radio Suprema.

La niña quedó embarazada a los 11 años de edad y actualmente lleva más de 23 semanas de gestación, es decir casi seis meses.

Habiendo ya la solicitud de interrupción legal del embarazo, los médicos y autoridades del Hospital de Monteagudo se reunieron este lunes para tomar una determinación. 

El director del nosocomio, Luis Ayala, informó que se realizó la Junta Médica y los ginecólogos se acogieron a la objeción de conciencia.

“Realizan una evaluación de la niña manifestando los cuatro médicos la objeción de conciencia y, sobre todo, a los estudios complementarios clínicos semiológicos y laboratoriales de la menor y los riesgos, se determina referir a un tercer nivel”, indicó Ayala.

El director señaló que como autoridad no puede imponer a los médicos que hagan un procedimiento contra el cual tienen la objeción de conciencia, figura que también está protegida en la norma.

A eso, agregó que realmente en Monteagudo no se tiene los medios para recibir un recién nacido en un caso complejo como el presente, para el cual se requiera un establecimiento del tercer nivel. 

Según la emisora local, la recomendación de la Junta Médica incluye que dé continuidad de la gestación hasta las 38 semanas y luego entregar, si es necesario, en adopción al bebé.

Defensoría pide proceso

El delegado de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, Edwin Martínez, dijo que se pedirá al Servicio Departamental de Salud que se investigue el caso y se procese a los médicos de Monteagudo, debido a la tardanza en tomar una determinación, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

La Defensoría ya había pedido la anterior semana que el hospital de Monteagudo atienda la solicitud de interrupción legal del embarazo. Martínez lamentó que se haya tardado cinco días para una decisión y el traslado de la menor.

“Vamos a solicitar al Sedes para que se inicie pues una investigación en contra de estos malos funcionarios, se establezcan las responsabilidades administrativas y hasta penales porque no es conducente tener tantos días para tomar recién una decisión”, agregó.

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