El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Franco Albarracín, aseveró que Bolivia cuenta con un sistema de justicia inquisitorial que tiene como único propósito castigar a las personas sospechosas de un delito, sin la intención de llegar a la verdad de los hechos.

Agregó que este sistema se caracteriza por responder a las motivaciones políticas de los gobiernos de turno, sin importar que sean de derecha o izquierda, donde para los jueces es inexistente el principio de inocencia. 

“Estamos inmersos en este sistema (inquisitorial) y el problema de este sistema es que por lo general responde a motivaciones políticas casi provenientes del gobierno de turno, no importa si estos son de derecha o izquierda, este sistema responde al gobierno de turno”, apuntó el jurista.

Indicó que en el país no tenemos un sistema, como llaman los teóricos, adversarial y contradictorio, donde la justicia del sistema penal tiene como objetivo gestionar un conflicto, gestionar los intereses y buscar de cierta manera, en caso de que se haya determinado culpabilidad de una persona, la rehabilitación.

“¿Cuál es el sistema que se aplica en Bolivia? ¿cuál es el sistema que se ha venido aplicando desde siempre en el gobierno del MAS? ¿en los gobiernos llamados neoliberales? Es el sistema inquisitorial que hemos heredado desde hace décadas, que se concentra en castigar, no es un sistema que trata de gestionar los conflictos, sino es un sistema que se concentra en castigar y a través de ese ‘castigo’ dar un ejemplo para que la población en general no cometa delitos, entonces es un sistema que persigue, y las actuaciones de los fiscales, de los jueces y de los abogados se basan en la persecución”, apuntó.

Por este principio, agregó, tú vas a encontrar jueces que van a aplicar la detención preventiva como regla y no como excepción, vas a encontrar jueces que, en base a pruebas poco sólidas, en base a pruebas para nada sustentadas, van a “castigar a las personas que supuestamente habrían cometido un delito”.

Y este tipo de jueces “están sometidos en su actuar por presión política, por presión social, por falta de interés del caso, por falta de tiempo, estos son elementos que traducen la aplicación del sistema inquisitorio en Bolivia”.

Albarracín indicó que la Ley 1173 tiene una visión más adversarial y busca dejar de lado el sistema inquisitorial, “pero lamentablemente la norma no es aplicada por los jueces y esto pasa de igual forma con el Código de Procedimiento Penal”. Remarcó que el problema no está en la norma, “el problema está en la aplicación de los jueces”.

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