La marcha de protesta protagonizada este martes por organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), dio un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que ratifique las elecciones para el 6 de septiembre y no la postergue. Si su pedido no es escuchado, los sectores amenazan con iniciar desde el lunes un bloqueo nacional de caminos y huelga indefinida.
Durante la mañana, las organizaciones afines al MAS realizaron una marcha de protesta desde la extranca de Senkata hasta la Ceja de El Alto, donde sostuvieron un cabildo. La movilización fue llevada a cabo a pesar de cuestionamientos del Gobierno y de diferentes sectores sobre el peligro de contagio de coronavirus (COVID-19) al que estarían expuestos los marchistas y sus familias.
El jueves de la semana pasada, el TSE determinó postergar las elecciones hasta el 18 de octubre, sobre la base de previsiones epidemiológicas que señalan que el pico de la pandemia en el país se registrará entre agosto y principios de septiembre.
El MAS y sus organizaciones afines se quedaron huérfanos al rechazar la determinación del TSE, pues consideraron que las elecciones se deben llevar a cabo en septiembre. Las demás organizaciones políticas que participarán en los comicios generales expresaron su acuerdo con la postergación de la votación, aunque el candidato de la alianza Creemos, Fernando Camacho, sostuvo que la nueva fecha debió establecerse según el impacto del coronavirus en el país.
Durante la reunión en la Ceja, los sectores afines al MAS cuestionaron al gobierno de Jeanine Áñez, al que calificaron de ser “prorroguista” bajo la excusa de la lucha pandemia. También criticaron la falta de respuesta efectiva del Ejecutivo contra la enfermedad, ya que se tuvo que lamentar hechos de corrupción, como la compra con sobreprecio de respiradores para equipar los hospitales.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, responsabilizó al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, y al MAS de futuros colapsos de hospitales y aumento de casos de COVID-19 en El Alto y La Paz. También pidió al Ministerio Público iniciar de oficio procesos penales, por el delito de atentado contra la salud, en contra de los responsables de esta movilización. “Pedimos a la Fiscalía que de oficio haga respetar lo que dice el Código Penal sobre los delitos contra la salud pública (en el que se establece que) incurrirá en una privación de libertad de uno a 10 años el que propagare enfermedades graves o contagiosas, ocasionare epidemia o realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”, sostuvo.
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