A solicitud del Ministerio Público, la Dirección General de Migración activó la alerta migratoria en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, investigado por el caso contrataciones irregulares de seguros y servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. La Fiscalía amplió la investigación contra otros cinco funcionarios de la estatal petrolera.
“Existe una alerta migratoria que ha sido subida por el Ministerio Público a través de una orden de aprehensión o de una orden de búsqueda y localización (…) El exfuncionario de YPFB, según los datos que tenemos en Migración, no ha salido del país por ningún punto autorizado, al menos, de control migratorio”, señaló Marcel Rivas, director de Migración.
Explicó que todas las órdenes de aprehensión u otras notificaciones requeridas por el Ministerio Público se activan automáticamente en el sistema migratorio y una vez que el sindicado llegué a un punto migratorio, entonces se procede a remitirlo ya sea a la Fiscalía o a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, solicitaron la activación de la alerta migratoria debido a que el expresidente de YPFB en dos ocasiones no se presentó a declarar por este caso, hecho que agrava su situación procesal y deja en evidencia la existencia de riesgos procesales.
“Con relación al expresidente de YPFB, también hemos emitido el mandamiento de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias y estamos en su búsqueda. El investigado no podrá salir de Bolivia y se ha coordinado con Migración para que notifiquen a la Fiscalía de cualquier movimiento migratorio de esta persona”, dijo Cossío.
Señaló que dentro de este caso se amplió la investigación contra cinco funcionarios de la estatal petrolera por presuntas irregularidades en varios procesos de contratación directa durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“La ampliación se hizo sobre la base de las declaraciones testificales de otros involucrados que ya fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares y documentos colectados durante la investigación”, manifestó.
Según las investigaciones preliminares, el expresidente de la estatal petrolera habría emitido la resolución administrativa Nº 78/2020 denominada “Contratación Directa por Emergencia”, para permitir realizar varias contrataciones directas sin previa licitación como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada por presuntas irregularidades.
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