El Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (GIOE) aprehendió a cinco internos en la carceleta de Inquisivi fuera de este recinto mientras se dirigían a Oruro. La Fiscalía procesará al alcaide del penal Emilio Amato Guarachi, quien habría dado permiso a estas personas.
La mañana del 5 de abril, el GIOE realizaba un control ordinario en la tranca de Vila Vila, donde detectó un vehículo sospechoso con placa de control 2180 FCT con dirección a Oruro. En el interior del motorizado se encontraban cinco personas sospechosas, que fueron entrevistadas por la fuerza del orden.
En el interrogatorio se identificaron a Hilarión P. (58), Guido E. V. (28), Franz A. (38), Eleuterio C. (52) y Milton S. (34). Tres de estos tienen detención preventiva por narcotráfico, uno tiene sentencia por el mismo delito y el quinto es sentenciado por asesinato en el grado de tentativa y violación. De las cuatro personas, tres son bolivianas, mientras que una es de nacionalidad peruana.
"Ellos manifestaron que estaban saliendo del recinto carcelario de Inquisivi, con permiso del señor Emilio Amato Guarachi, que es alcaide de esta carceleta pública", explicó ayer el comandante de la Policía Boliviana a.i., Rómulo Luis Delgado Rivas.
Tras verificar en la Dirección General de Régimen Penitenciario la situación legal de los cinco reos, los efectivos policiales los trasladaron a la carceleta de Inquisivi, donde actualmente se encuentran recluidos con resguardo policial.
PROCESO CONTRA AMATO
"Lo que nos preocupa que el señor alcaide sin ninguna orden judicial, ni respaldo jurídico haya concedido permiso a estas personas; por lo tanto, este señor Amato Guarachi será proceso e investigado por los delitos e incumplimiento de deberes y de favorecimiento para elevación (de detenido)", resaltó Delgado, en conferencia de prensa.
El efectivo policial explicó que hasta el momento no se pudo encontrar al director de este recinto para que explique la salida irregular de los cinco reos.
Delgado espera que Amato se presente voluntariamente a declarar a la Fiscalía, que emitió las órdenes correspondientes para que sea dispuesto al Ministerio Público.
Asimismo, Delgado manifestó que se revisará el hecho de que personas que cuentan con sentencias ejecutoriadas permanezcan en carceletas, cuando en realidad deberían ser recluidas a recintos penitenciarios con mayor seguridad.
