El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el Ministerio Público conformó una comisión de operadores de justicia que investigará la denuncia contra el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, por el presunto sobreprecio de más de 29 millones de bolivianos en la compra de equipos, cámaras y la construcción de torres de comunicación, para el proyecto denominado Ciudad Segura.

"Si hay una comisión y ya se ha hecho una inspección en el lugar. Se está esperando algunos requerimientos que todavía no se han recibido", informó.

Anunció que en los próximos días se determinará si un fiscal superior liderará a esa comitiva, conformada con la consideración de que el caso es "complejo y de connotación para la ciudad de Cochabamba".

El nuevo caso fue revelado a principios de septiembre, por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, y establece que la Alcaldía de Cochabamba compró cámaras de la empresa Huawei Technologies y las torres de comunicaciones de la empresa Hansa LTD, con presunto sobreprecio de Bs 22.443.470 y 6.578.047, respectivamente.

CUSTODIOS

Ante la denuncia de excesos contra la familia del alcalde José María Leyes, el 4 de octubre, el comandante de la Policía, Vladimir Pol, explicó que se haya reforzado la seguridad del funcionario suspendido por un “inminente riesgo de fuga”, porque enfrenta seis procesos.

Sin embargo, no explicó las razones por las que presuntamente custodios tomaron fotografías a los hijos de Leyes y dijo que esperará informes.

En tanto, el abogado del alcalde, Humberto Trigo, que denunció abusos de parte de los custodios de su defendido, descartó que hayan razones para la presencia de cinco policías para vigilar.