La Procuraduría General del Estado y el ministerio de Minería asumirán esta semana la defensa legal del Estado boliviano en la audiencia oral dentro del caso CPA No. 2013-15, a raíz de la solicitud de arbitraje presentada por la empresa canadiense South American Silver Limited (SAS).
En agosto de 2012, el Gobierno determinó la reversión a dominio originario del Estado de las 10 concesiones mineras que detentaba la compañía minera Mallku Khota, ubicadas en las provincias Alonso de Ibáñez y Charcas de Potosí.
El Gobierno boliviano no reconoce la relación de dependencia entre la minera canadiense y Mallku Khota, y acusó a la empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores internacionales.
Mediante este Decreto Supremo también se otorgó la administración y desarrollo minero en las zonas revertidas al Estado a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en coordinación con el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
La minera Mallku Khota desarrolló un proyecto de exploración minera durante dos años (desde 2010 hasta mediados de 2012), en el norte de Potosí.
Sin embargo, el proyecto exploratorio nunca entró en producción y solo contaba con informes preliminares, cuando la empresa se vio envuelta en una serie de graves acusaciones por incumplimiento de compromisos y manipulación de las comunidades indígenas que terminaron en enfrentamientos entre pueblos indígenas originarios campesinos.
