El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo ayer que el Decreto Supremo 2366, que permite el desarrollo de exploración hidrocarburífera en áreas protegidas, le recuerda los "decretos Ley" que emitían los gobiernos militares.
"Es tal cantidad de normas que se están afectando con el DS 2366 que nos recuerdan a los decretos ley que emitían los gobiernos militares sin consideración por las normas que hacen al Estado de derecho y la misma democracia", dijo Villena.
El Decreto Supremo 2366 fue promulgado el 20 de mayo de 2015 con el objetivo de pro-mover las medidas para aprovechar los recursos hidrocarburíferos en el país para lo que se permite el desarrollo de actividades de exploración de hidrocarburos en áreas protegidas siempre y cuando se cumplan con las condiciones ambientales.
En Bolivia existen 22 áreas protegidas de alcance nacional, 24 de alcance departamental y 81 de alcance municipal, dentro de las 22 áreas nacionales viven al menos 20 pueblos indígenas.
"El propósito del Decreto 2366 va en contra de los principios fundamentales del Estado Plurinacional, pero sobre todo se asume para favorecer al sistema colonial capitalista que, como sabemos, vive y se fortalece con base a la depredación de los recursos naturales de países subdesarrollados", sostuvo Villena.
Agregó que esta norma vulnera derechos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la libre determinación de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. "Como ustedes saben, ninguno de los pueblos que habitan las áreas protegidas fue consulta-do antes de emitirse esta norma", agregó.
Villena explicó que este decreto también afecta a acuerdos internacionales suscritos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derechos de los Pueblos Indígenas, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de 169 de la OIT, entre otros.
Recordó que la Defensoría del Pueblo interpuso en diciembre del año pasado una Acción de Inconstitucionalidad contra este decreto.