El presidente de Perú, Pedro Castillo, y su esposa Lilia Paredes enfrentan este lunes audiencias judiciales por separado, acusados por la fiscalía de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno.
Castillo está citado al Ministerio Público para responder a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa por supuesta obstrucción a la justicia a raíz de la fulminante destitución de su ministro del Interior el 20 de julio.
La fiscalía sospecha que la abrupta salida del ministro, Mariano González, quien estuvo apenas dos semanas en su cargo, buscaba hacer abortar la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros del entorno presidencial prófugos de la justicia.
También se le interrogará sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.
La asistencia del presidente izquierdista a la citación ha sido asegurada desde hace días por su defensa.
"Pedro Castillo participa en cada una de las diligencias y muestra su colaboración", dijo a la prensa el abogado del mandatario Benji Espinoza el fin de semana.
La citación de este lunes es la tercera que se le hace por la misma causa, ya que en dos ocasiones previas Castillo pidió reprogramar la reunión. De no acudir, será citado de grado o fuerza y la policía fiscal deberá llevarlo a comparecer.
A la misma hora que Castillo, la primera dama, Lilia Paredes, debe presentarse ante el juez Raúl Justiniano Romero en una audiencia en que la fiscalía fundamentará un pedido para prohibirle que salga del país durante tres años.
Esta solicitud incluye a dos de sus hermanos: Walter y David Paredes.
A Lilia Paredes se le imputa los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
"La Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país y comparecencia. Para la Fiscalía no es necesaria la prisión preventiva. No cabe la prisión para la primera dama", declaró el abogado Espinoza tras descartar la eventualidad de un pedido de detención.
"Fabrican cuentos e historietas"
"Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos", dijo Castillo en una reciente reunión con trabajadores estatales en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.
Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado, Benji Espinoza.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Familiar en prisión
Yenifer Paredes, cuñada del mandatario izquierdista, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima.
La cuñada es acusada de ser parte de la "organización criminal liderada por el señor presidente de la República", según el fiscal Jorge García Juárez.
La encarcelada, quien tienen 26 años y considera a la pareja presidencial como sus padres porque la criaron desde pequeña, "es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora", asegura el fiscal.
En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
Castillo enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
Sin embargo, las acusaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos expresidentes tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
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