Una seguidilla de citaciones en el marco de una investigación legislativa sobre la asonada del 6 de enero contra el Capitolio y un tribunal reafirmando esa pesquisa enviaron a Donald Trump un mensaje claro: no se puede escapar de la justicia para siempre.

El expresidente sufrió un duro golpe legal cuando un tribunal federal en Washington rechazó la noche del martes su intento de bloquear documentos y otras informaciones solicitadas por los legisladores que investigan el mortal ataque contra el Capitolio.

Mientras tanto, el cambio de foco de la investigación, que pasó de las fallas de seguridad a las personas de la órbita de Trump, atrajo nuevamente la atención sobre su papel en un presunto complot para difundir mentiras sobre la existencia de un fraude en los comicios de 2020 y evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

David Greenberg, profesor de periodismo e historia en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, estimó imposible predecir el efecto político de los últimos acontecimientos para Trump, quien evitó dos condenas en el Congreso y salió en buena medida ileso de varias pesquisas federales.

"Pero la investigación (legislativa) es importante por razones más directas, materiales y concretas", dijo Greenberg a la AFP.

"Ya logró establecer una imagen más completa y exhaustiva de quiénes del gobierno y la órbita de Trump estuvieron involucrados en la planificación del motín del 6 de enero, qué hicieron para lograrlo y qué esperaban que sucediera".

El primer lote de documentos relacionados con la asonada se entregará a los investigadores de la Cámara Baja el viernes a menos que intervenga un tribunal, pues los abogados de Trump dejaron en claro que apelarán.

"Los presidentes no son reyes"

"Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente", dijo la jueza Tanya Chutkan al rechazar el pedido del exmandatario, argumentando que éste no puede anular la voluntad del actual presidente Joe Biden de liberar los documentos.

"En el fondo, esta es una disputa entre un expresidente y el actual presidente. Y la Corte Suprema ya ha dejado en claro que en tales circunstancias, se concede mayor peso a la opinión del titular", dijo Chutkan en su decisión de 39 páginas.

Es probable que el caso termine en la Corte Suprema, lo que significa que los investigadores del Congreso no verían los disputados documentos en el corto plazo.

"La batalla para defender el privilegio ejecutivo de los presidentes pasados, presentes y futuros, desde el principio, estaba destinada a ser decidida por los tribunales de apelación", tuiteó el portavoz de Trump tras el fallo.

Pero el congresista Bennie Thompson, que preside el comité de nueve miembros que adelanta la pesquisa, elogió la decisión como una victoria para los legisladores que realizan investigaciones que involucran a la Casa Blanca.

"Fallo decisivo"

"El comité selecto aprecia el fallo rápido y decisivo de la corte sobre la demanda del expresidente, que considero poco más que un intento de retrasar y obstruir nuestra investigación", dijo Thompson en un comunicado.

"Los registros presidenciales que solicitamos a los Archivos Nacionales son fundamentales para comprender los terribles acontecimientos del 6 de enero", agregó.

El comité ha entrevistado a más de 150 testigos y emitido 35 citaciones -16 solo esta semana-, de muchas personas que ocuparon asientos de primera fila en las caóticas semanas finales de la presidencia de Trump.

Muchos ocuparon puestos clave en su gobierno, incluyendo el asesor Stephen Miller y la secretaria de prensa Kayleigh McEnany, quienes hicieron declaraciones falsas promoviendo las afirmaciones infundadas de Trump de que le habían robado las elecciones de noviembre de 2020.

También se incluyen asesores de campaña y el profesor de Derecho John Eastman, quien elaboró un plan de seis pasos sobre cómo el equipo de Trump podía ignorar la voluntad de millones de votantes y revertir el resultado de la elección.

Los investigadores del comité también entrevistaron al abogado Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia, quien estuvo en el centro de la campaña de presión de Trump para lograr que esa cartera interfiera en las elecciones.

Liz Cheney, la principal republicana de la comisión investigadora, dijo que la presión de Trump sobre sus aliados para desafiar las citaciones muestra que estuvo "personalmente involucrado en la planificación y ejecución del 6 de enero".

Y advirtió el martes que Trump plantea una amenaza sin precedentes contra los "cimientos de nuestra república constitucional, con la ayuda de líderes políticos que se han convertido voluntariamente en rehenes de este hombre peligroso e irracional".

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