“En tan solo cuatro meses, Birmania pasó del ser una democracia frágil a convertirse en una catástrofe para los derechos humanos”, dijo Bachelet en un comunicado. “Los dirigentes militares son responsables de esta crisis y deben rendir cuentas”, agregó.

Desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó a la líder civil Aung Saan Suu Kyi, los grupos locales de defensa de los derechos humanos cuantifican en más de 860 las personas fallecidas y miles las heridas por las fuerzas de seguridad en la represión contra los manifestantes prodemocracia

Bachelet señaló que la violencia se intensifica en varias partes de Birmania, incluyendo los estados Kayah, Chin y Kachin, “con una violencia particularmente intensa en áreas donde existen importantes minorías étnicas y religiosas”.

La Alta Comisionada aseguró que existen “informes creíbles” de que las fuerzas de seguridad han utilizado a civiles como escudos humanos, bombardeado viviendas e iglesias y bloqueado el acceso de la ayuda humanitaria, incluso atacando a trabajadores humanitarios.

Bachelet recordó a los militares birmanos que tienen la “obligación de proteger a los civiles”.

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