La renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal general de Perú, aceptada ayer por la Junta de Fiscales Supremos, busca poner fin a una grave crisis en el Ministerio Público que llevó al Ejecutivo a plantear su declaración de emergencia para evitar que se frustren las investigaciones por el escándalo Odebrecht en el país.
La situación de Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación quedó en entredicho desde el momento mismo de su designación, a mediados de 2018, por las sospechas de que estuvo avalado por los votos de allegados a los partidos de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y del expresidente Alan García.
Tanto Fujimori como García están investigados por el escándalo de sobornos repartidos por la empresa brasileña Odebrecht en el país, así como los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Chávarry tampoco pudo aclarar su cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, detenido en España a la espera de su extradición, y con el empresario Antonio Camayo, implicados en una gran red de corrupción en la judicatura peruana que negociaba sentencias y puestos a cambio de dinero y favores políticos.
Mientras que el Equipo Especial del caso Lava Jato en la Fiscalía avanzaba en sus pesquisas contra las principales figuras políticas en el país, Chávarry activó una serie de investigaciones internas para obstaculizar el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
El fiscal Pérez no tuvo reparos en exigir su salida del cargo desde que argumentó que la lideresa opositora Fujimori dirigía una organización criminal destinada a recaudar fondos ilícitamente y que Chávarry actuaba a su favor, como supuesto integrante de una mafia en la judicatura denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.
El asunto que marcó el quiebre definitivo de Chávarry fue la intención de apartar a los fiscales Vela y Pérez de las investigaciones cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht, lo que motivó al mandatario peruano, Martín Vizcarra, a presentar un proyecto de ley para declarar al Ministerio Público en emergencia e impedir que los casos queden paralizados. En su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, Chávarry dijo que decidió dar "un paso al costado" por respeto a su institución.
