Las autoridades japonesas ejecutaron ayer a dos condenados a muerte, en el primer ajusticiamiento desde julio y mientras más de cien reos están en el corredor de la muerte esperando su destino.

"El pueblo japonés considera que es inevitable tener la pena de muerte para los crímenes extremadamente crueles y viles", afirmó el ministro de Justicia, Takashi Yamashita, al dar detalles de estos hechos.

"Se debe discutir bien sobre la abolición de la pena de muerte", insistió el ministro, que asumió sus funciones en octubre, tras la última remodelación del gabinete del conservador Shinzo Abe.

Los ejecutados ayer fueron dos hombres, Keizo Okamoto, de 60 años, miembro de la Yakuza o el crimen organizado japonés, y un antiguo asesor financiero, Hiroya Suemori, de 67 años. Ambos habían sido condenados a la pena capital por el atraco y el posterior asesinato de dos personas en la prefectura de Osaka en 1988.

"El caso fue extremadamente cruel e hizo temblar a la sociedad japonesa", afirmó el ministro Yamashita.

Los dos condenados a la horca habían secuestrado al presidente de una empresa de inversión, de 43 años, a quien previamente habían exigido 100 millones de yenes (792.000 euros al cambio actual).

Después de recibir el dinero, los dos delincuentes utilizaron un cable de televisión para ahogar al secuestrado. También fue asesinado, igualmente con un cable, un empleado de la misma empresa de inversión.

Los dos cadáveres fueron cubiertos con hormigón y abandonados en un bosque de la prefectura de Kioto.  

El ministro dijo que el martes 25 ordenó la ejecución de ambos reos después de estudiar "con mucho cuidado" si existía algún factor que podría impedirlo, incluyendo una posible revisión del juicio, lo que estaba descartado.