La justicia ecuatoriana recibió un jarro de agua fría con la notificación de Interpol de que no procederá al arresto del expresidente Rafael Correa, requerido por su presunta implicación en el caso de secuestro de un político opositor en 2012.
El exmandatario, en una entrevista con EFE, calificó la decisión de "humillación" para su país, porque es reflejo de la "persecución" que él y sus seguidores están sufriendo supuestamente a manos del nuevo Gobierno de Lenín Moreno.
La notificación fue anunciada ayer por la Corte Nacional de Justicia, que alega que es aún susceptible de "revisión", pero Correa aseguró que es "final".
"El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35, la jueza nacional Daniella Camacho recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica", según un comunicado.
Tras meses de espera, la Interpol argumentó que "la retención de los datos" en el Sistema de Información del organismo "no era compatible con la obligación (...) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos", precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.
Fuentes judiciales dijeron a EFE que por el momento no han recibido el documento con la argumentación legal completa del caso, sino meramente una notificación.
